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En el 80 % de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos cometidos en 2018 en Colombia la Defensoría del Pueblo había advertido de los riesgos que corrían mediante sus sistema de alertas tempranas.
Así lo aseguró este jueves la entidad en un comunicado a propósito de la audiencia realizada en el municipio de El Carmen de Bolívar en donde se hizo un seguimiento a la Alerta Temprana No. 26 emitida en marzo del año pasado.
«El 80 % de los homicidios de líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos se presentaron en municipios advertidos en la alerta temprana 026-18», detalló la información.
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Asimismo, la Defensoría indicó que de 162 líderes asesinados, 149 eran hombres y 13 mujeres y que un 48 % de ellos tenían entre 30 y 60 años, aunque otras cifras hablan de 178.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, subrayó que el 83 % de los homicidios ocurrió en los departamentos Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó.
«Estas son regiones que históricamente han sufrido la guerra, se encuentran en proceso de implementación de acuerdos; son zonas escenario de disputa de varios actores armados y tienen factores de pobreza y exclusión profundos», añadió Negret.
El Defensor del Pueblo dijo que la violencia contra los líderes sociales coincidió con la época electoral de 2018 «porque el 41 % de los casos (71), ocurrieron entre mayo y agosto, época de la campaña presidencial».
Por su parte, el procurador colombiano, Fernando Carrillo, advirtió que el asesinato de 446 líderes sociales en Colombia tras la firma del acuerdo de paz, en noviembre 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, dejaría en evidencia que el Estado no estaba listo para defender el liderazgo social.
«El Estado parece que no estaba preparado para defender el liderazgo social del país (…) se nos están acabando las excusas a todos para decir por qué no hay acción y por qué no somos capaces de frenar este desangre», aseguró Carrillo.
Asimismo, pidió a los gobernadores crear instancias permanentes de diálogo social con líderes y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.
«Falta una acción decisiva de los gobernadores y alcaldes como primeros responsables en los territorios, justo los lugares más peligrosos para ejercer liderazgo en Colombia. Es momento de parar esta masacre», sentenció.
