Muy temprano empezó en el país otro capítulo sobre la tragedia que viven los líderes sociales, quienes son amenazados y silenciados por su labor en la defensa de los derechos humanos y de sus territorios.
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Según la Defensoría del Pueblo, el 2018 cerró con 172 líderes sociales asesinados. Más aterrador aún es la cifra de homicidios de defensores desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018, tiempo en el que la entidad registró 431 asesinatos.
Por eso la Defensoría llamó la atención de las entidades estatales, ya que en muchos casos los crímenes no son esclarecidos.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, la semana pasada.
Pese a esto, la Fiscalía tiene una opinión diferente. En un informe presentado hace cuatro días, la entidad tiene conocimiento de 231 casos de crímenes de líderes sociales ocurridos entre el primero de enero de 2016 a diciembre de 2018. De esos, 126 fueron esclarecidos, lo que equivale a un poco más de la mitad de los casos.
Luego, el mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció ante la prensa cierto tipo de sistematicidad en los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Según sus declaraciones, existe una “sistematicidad pasiva” y una “sistematicidad activa”.
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“Hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”, manifestó al término de una reunión de la Comisión de Garantías de Seguridad.
Martínez explicó que con la sistematicidad pasiva se refiere a que en el 50% de los homicidios de líderes son miembros de Juntas de Acción Comunal y detrás de esos casos están los denominados Grupos Armados Organizados, GAO, o el Eln y el Clan del Golfo.
Volvió el terror a El Salado
El fantasma del pasado parece que tocó la puerta de los habitantes de este corregimiento en Bolívar. La difícil situación que viven los líderes sociales en el resto del país no es ajena para los líderes de este pueblo que ya han prendido las alarmas por recientes amenazas. De hecho, periodistas también han sido víctimas de este delito.
La periodista Cristina Navarro, de la emisora Caracol Radio, afirmó que en la noche del jueves, a las 9:15 p.m. su equipo fue intimidado por unas personas que les gritaron desde una moto «pilas que los van a matar».
«De inmediato el grupo se resguardó en una casa de uno de los habitantes de El Salado y la infantería de Marina, que custodia este municipio con 40 hombres y los 12 policías, llegaron a la casa, nos sacaron de allí y nosotros pasamos la noche custodiados aquí en la estación de Policía», relató Navarro a Caracol Radio.
En El Salado, que hace parte del municipio del Carmen de Bolívar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) perpetraron una masacre entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 en la que fueron asesinadas más de 60 personas, por lo que es considerada como la matanza más cruda del país.
Actualmente, contó Navarro, los cerca de 1500 habitantes de la población «entran a sus casas» a las 8 p.m. por «las amenazas que han recibido».
Por lo anterior, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que «se reforzó la seguridad con otro pelotón de infantes de Marina, tres vehículos artillados» y un plan para «el control de la carretera de acceso».
«En El Salado se mantiene trabajo coordinado entre Armada y Policía para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Acciones incluyen patrullajes durante las 24 horas. En próximas horas habrá presencia de altos mandos de las Fuerzas Militares en la región», escribió Botero en su cuenta de Twitter.
Hasta ahora, el compromiso de las autoridades continúa siendo el aumento de pie de fuerza en las regiones más afectadas por este fenómeno para evitar que sigan aumentando los casos de asesinatos y amenazas contra los líderes sociales.
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