El Gobierno aseguró que está «haciendo todo» para prevenir y esclarecer el homicidio de líderes sociales y confirmó que en lo que va corrido de este año han sido asesinados cinco de ellos, el más reciente el pasado fin de semana en el caribeño departamento del Magdalena.
Según dijo a periodistas el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dos de los asesinatos fueron perpetrados en el departamento del Cauca, uno en Antioquia, otro en Santa Marta y uno más en Hacarí, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
«El Estado está actuando y haciendo todo para prevenir y para que haya un esclarecimiento oportuno de quiénes están detrás de esta situación», dijo por su parte la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, al término de una reunión del gabinete en la que se analizó el asesinato de líderes sociales.
Gutiérrez explicó que el Gobierno, por medio de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dará seguridad a los cinco hijos y el nieto de la asesinada líder social Maritza Quiroz, quien fue tiroteada el pasado sábado en Bonda, en cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta.
«Manifestamos nuestra solidaridad con las familias víctimas de esta situación y con los líderes en general», añadió la ministra, quien detalló que los organismos del Estado seguirán desplazándose por todo el país para proteger a estas personas.
Aseguró que solo en los primeros ocho días de enero la UNP ha recibido 1.263 nuevas solicitudes de protección en todo el país, lo que hace que el manejo de esta situación sea algo «muy complicado».
Entre tanto, el ministro de Defensa aseguró que los recientes asesinatos de líderes sociales ocurrieron en lugares «sumamente complejos», como el Catatumbo, una de las regiones más convulsas del país por la presencia de guerrillas y grupos de narcotraficantes que se disputan el control de los cultivos de coca.
«Este fin de semana ha habido un consejo de seguridad en Santa Marta (…) y ya hay pistas sumamente claras para establecer qué fue lo que paso y oportunamente se informará a la opinión pública», aseguró Botero.
Por su parte, alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, destacó los esfuerzos del Estado para solucionar problemas que se presentan con los atentados y crímenes en contra de líderes sociales.
Recordó que la Fiscalía tiene 18 órdenes de captura en contra de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el asesinato de seis líderes sociales y 26 órdenes de captura por el asesinato 12 desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC.
Insistió en que los asesinatos de líderes sociales los han cometido grupos que «no han querido acogerse a la paz».
Al respecto, el procurador colombiano, Fernando Carrillo, dijo que es inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras.
«Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado 23 de agosto en Apartadó (Antioquia), sigan sin cumplirse», aseguró Carrillo.
El procurador conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.
Según la Policía, en 2018 fueron asesinados en el país 78 líderes sociales, pero la Defensoría del Pueblo asegura que fueron 164.
EFE
