Las autoridades colombianas rescataron a Melisa Martínez García, una sobrina nieta del fallecido nobel de Literatura Gabriel García Márquez que fue secuestrada el pasado 23 de agosto en una zona rural de Santa Marta cuando salía de una finca bananera.
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«En una operación coordinada de la Fuerza Pública (…) se dio la liberación de Melisa Martínez García, en el departamento del Magdalena. Ella fue secuestrada el 23 de agosto y se dio una operación impecable», afirmó a periodistas el presidente colombiano, Iván Duque, quien agregó que fueron capturadas once personas.
El mandatario detalló que el operativo fue ejecutado en Palmor, un área rural del municipio de Ciénaga, en Magdalena, y agregó que las autoridades realizaron una labor «impecable» durante «varios meses para preservar su vida y poder llegar a los jefes de esa organización», que es de delincuencia común.
«En la mañana de hoy se dio esta liberación después de un impecable operativo el día de ayer en donde se dio con los cabecillas de esa banda de secuestradores», añadió el presidente, quien lideró la ceremonia del reconocimiento del nuevo director de la Policía, general Óscar Atehortúa, y el ascenso de oficiales superiores.
En su momento las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos (cerca de 16.000 dólares) por información que permitiera el rescate de la sobrina nieta de García Márquez.
Melisa Martínez García estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe y cuando fue secuestrada administraba una finca bananera.
Por su parte, el saliente director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, manifestó que en la operación fueron capturadas 11 personas, entre ellas uno de sus líderes que estaba acogido a la Ley de Justicia y Paz.
«Esta organización tiene incidencia de delincuencia común pero sus lideres hacen parte de estructuras que fueron de grupos paramilitares (…) y por eso uno de sus líderes fue capturado, que inclusive estaba bajo el sistema de Justicia y Paz», detalló.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se sometieron entre 2003 y 2006 al marco jurídico de Justicia y Paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe, por el cual entregaron las armas y se comprometieron a revelar la verdad a cambio de recortes en las penas, proceso que se saldó con la desmovilización de 31.000 hombres.
EFE
