Marcela Reyes y Betty Molina tienen miedo. Describiéndolo mejor, es una especie de zozobra sobre lo que pasará con sus hijos y con los de otras nueve familias a las que la EPS Cruz Blanca quiere cambiar de IPS.
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Ángel David y Cristian padecen autismo y su atención médica ha sido enfocada en rehabilitación neuronal, conductual, psicológica y psiquiátrica, servicios que reciben en la Clínica Neurorehabilitar en Bogotá y que podrían acabarse porque el convenio entre Cruz Blanca y la IPS está por acabarse, según lo que les indican, en enero de 2019.
Marcela Reyes y Betty Molina tienen miedo. Las dos madres, que han iniciado una lucha jurídica y mediática, tienen miedo a la nueva valoración que les ofrece la EPS con profesionales internos, pues sienten que será coaccionada para ordenar y recetar lo que menos gastos genere.
“A mí me recomendó la clínica una fisiatra de Cruz Blanca. Me dio las órdenes para musicoterapia, acompañamiento terapéutico y equinoterapia para Cristian. Cuando volví a que me las renovara, me dijo que ya no podía. Le pregunté por qué y me respondió: ‘Se me sale de las manos’”, cuenta Betty que siente que así será cuando la EPS vuelva a pedir una valoración médica para ver si su hijo necesita una terapeuta que lo acompañe diariamente.
‘Se me sale de las manos’
“Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tiene a su cargo (…). Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente contra la seguridad del paciente”, reza el artículo 17 de la ley 1751 de 2015, más conocida como Ley Estatutaria de Salud.
Los miedos de Betty y de Marcela no nacieron de la nada. Desde la implementación de la ley 100, médicos y profesionales de la salud empezaron a denunciar que las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), presionan a los profesionales de la salud para recetar un tratamiento; cobros por ordenar medicamentos costosos para los pacientes, sanciones por ordenar muchos exámenes y despidos injustificados, que se dieron porque no seguían parámetros internos.
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En 2006, la Defensoría del Pueblo realizó el único estudio oficial que existe hoy en el país sobre constreñimiento o violación a la autonomía médica de los colombianos.
El estudio encontró, luego de entrevistar a más de 1570 médicos, que sí había presiones graves.
“A finales de noviembre tuvimos un foro sobre autonomía médica y una de las cosas que terminamos por señalar es que sí hay unas presiones muy grandes sobre los profesionales por varias razones. Una de ellas, y para poner un ejemplo, el 80% de los médicos contratados en EPS como Medimás, están bajo el modelo de prestación de servicios y por su inestabilidad laboral les dan unos lineamientos para trabajar con los pacientes. Si no las cumplen, es muy fácil despedirlos”, señala Clemencia Mayorga, presidente del Colegio Médico de Cundinamarca.
Las palabras de Mayorga apuntan a que en las EPS e IPS se están haciendo restricciones veladas a los médicos, pues las presiones para economizar y que se enmarquen en planes de ahorro, nunca son notificadas por escrito, o hay evidencia sobre esto. Siempre se hacen en reuniones de las que no quedan pruebas.
Mayerly Ortega*, médica general de la EPS Salud Total, cuenta que sí les hacen una evaluación con miras a contabilizar cuánto está gastando cada médico con los pacientes: “Nos hacen una retroalimentación de los insumos que hemos gastado, incluyendo paraclínicos, medicamentos y exámenes como rayos X. Sacan un porcentaje y luego entregan una hoja en la que subrayan en rojo el insumo del que has ‘abusado’. No nos dicen nada. No nos dicen si eso está mal o si estamos en una lista negra, pero con el papel dicen todo, ¿no?”, cuenta Mayerly que apunta a decir que a los médicos que reinciden en entregar o formular muchas cosas, se les hace una evaluación para dictaminar si necesitan inducciones.
Alejandra Sánchez*, médica general, denuncia que por ejemplo, en Nueva EPS, varios han sido los que han mostrado inconformismo porque hay metas que deben cumplir y el tiempo para citas médicas es muy corto.
“Hubo una médica que puso una queja en la Supersalud porque la Nueva EPS jode mucho con las metas. Todo para ellos es ‘no mandes, no ordenes, no recetes’. Puso la queja pero en la Supersalud no hacen nada. Por eso es que uno se abstiene a veces de recetar x o y cosa, porque si uno denuncia, no hay nadie que haga algo”, cuenta.
Por su parte, la profesional en salud Ana María Noreña* denunció a PUBLIMETRO que la entidad MI IPS que presta servicios a Medimás, en Pereira (antes Corporación IPS), ha tenido graves casos en sus manos por limitación de medicamentos por costos.
“Siempre hubo desabastecimiento de medicinas para enfermedades como la hipertensión, entonces, pastillas como Losartán o enalapril eran escasas. Sin embargo, lo más grave pasaba con los pacientes diabéticos, porque habían dos tipos de insulinas para tratarlos y siempre se usaba la económica, la NPH cristalina”, señala.
Según las denuncias de Noreña, en varios casos, en contravía de lo que ordenaron los médicos y especialistas, un coordinador decidió entregar otros medicamentos. Los resultados fueron graves.
“Tuvimos muchos pacientes que usaron esa insulina y terminaron hospitalizados, porque hacían hipoglicemia, se les bajaba mucho el azúcar, pero tengo muy presentes dos casos. El primero es el de un señor de 78 años que iba todos los días para que le entregaran insulina y un glucómetro para poderse medir el azúcar. El paciente falleció y nunca le dieron eso. El otro es el de un joven de unos 28 años que tenía diabetes y necesitaba urgentemente la insulina y los insumos. No se los consiguieron y ese paciente terminó con fallo renal y diálisis”, cuenta la mujer que ya no trabaja en la IPS.
¿Quién responde?
“La vulneración de esta disposición (violación de la autonomía médica) será sancionada por los tribunales u organismos profesionales competentes y por los organismos de inspección, vigilancia y control en el ámbito de sus competencias”, reza el artículo 17 de la ley 1751 de 2015.
Sin embargo, no es claro quién debería regular esto. El gran problema es que si los médicos denuncian, son despedidos. PUBLIMETRO habló con la Supersalud, que indica que no tiene nada que ver en este asunto: “Supersalud no tiene competencia para establecer si en efecto existe constreñimiento a la autonomía médica, porque la evaluación la hace un tribunal. Nosotros en el diagnóstico no tenemos nada que ver”.
El fraude de las IPS
En 2016, mi abuela paterna empezó a padecer fuertes dolores en las piernas. Caminar se volvió muy difícil. La acompañé a una cita con el ortopedista, una cita muy esperada, pues tardaron mucho en agendarla. Una médica la atendió y cuando la consulta estaba por terminar, llegó otro médico (el ortopedista con el que inicialmente mi abuela, de 78 años, tenía la consulta), para preguntarle a la doctora qué pasaba con la paciente. Tras la respuesta, el especialista dictaminó que mi abuela tenía osteoporósis y le recetó calcio.
Dos años después, un especialista de otra EPS nos indicó que el problema era en el nervio ciático y que mi abuela tenía desgaste de cadera con urgencia de trasplanten, además de la necesidad de cirugía en su rodilla derecha. La cita, en la que no le dieron el dictamen correcto, es un tipo de consulta que han empezado a usar las IPS que denominan multiconsultas o consultas espejos.
Así lo denuncia la presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca, quien asegura que emitieron un comunicado para pedir que esto parara.
“La modalidad consiste en que unos cuatro médicos generales atienden consultas especialistas y un médico con la especialidad va los últimos tres o cuatro minutos y diagnostica. Esto es como un fraude. Lo descubrimos en la red de hospitales públicos de Bogotá. ¿Por qué decimos que es un fraude?, porque esos exámenes se los cobran a las EPS como citas con especialistas, pero son generales. Los damnificados son los pacientes”, señala Mayorga.
Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, asegura que a los colombianos nos tratan como clientes y quizás esta sea la razón por la que IPS y EPS hablan de usuarios y nunca de pacientes.
Marcela Reyes y Betty Molina tienen miedo a que no les receten lo correcto. A que la ética médica se refunda en el constreñimiento. Los profesionales médicos que hablaron para PUBLIMETRO tienen miedo a que los despidan o a que los descubran y pierdan su tarjeta profesional. Las EPS tienen miedo a encontrarse con IPS que facturen más de lo que entregan y les cobren de más, dañando el negocio. Las IPS tienen miedo a que las EPS no les paguen y quiebren.
Los que más miedo tienen, seguramente, son los pacientes que están a la deriva, pues la ética médica, la salud como derecho fundamental está supeditada a un sistema que para Marcela Reyes “es un simple negocio, en el que somos clientes y al que no le importan las personas, la salud o las consecuencias de sus decisiones”.
Por ahora, la lucha de las dos madres y de nueve más, que piden ayuda para que el sistema de salud les entregue lo necesario continúa. Por ahora, siguen ‘sin autorización para la salud’.
*Identidades ocultas por petición de los profesionales médicos que temen represalias en su contra por denunciar. Algunos aseguran que su vida podría estar en riesgo.
