Han pasado 11 días desde la muerte de Jorge Enrique Pizano, el excontroller del Consorcio Ruta del Sol II y más que aclarar el panorama, todo el entramado que rodea su muerte se ha enredado con el pasar de las horas. El testamento que dejó a medios de comunicación, a periodistas y que también habría dejado hasta a los que en un momento consideró enemigos, hasta ahora empieza a botar las primeras pintas, pero todo apunta a un caso de presunta megacorrupción del Grupo Aval y que confirma, aún más, los sucios negocios de Odebrecht en Colombia.
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María Jimena Duzán y Semana develaron las conversaciones y las pruebas que Pizano entregó meses antes de su muerte, causada por un paro cardiorrespiratorio, según informó la Fiscalía. Estas pruebas, contenidas en el artículo El hombre que sabía demasiado, confirman que Pizano ya estaba buscando un trato con la justicia de Estados Unidos y que incluso entregó pruebas al FBI porque temía por su seguridad y ya no confiaba en nadie.
Pero ¿por qué Pizano quería hacer un trato con la justicia estadounidense y que su nombre fuera considerado para ser testigo en Estados Unidos?, ¿qué pruebas entregó Pizano al FBI, según lo que le contó a medios de comunicación colombianos?
Ruta del Sol II y las revelaciones de Pizano
Los testimonios de Pizano revelados a medios de comunicación como Noticias Uno y a periodistas como María Jimena Duzán corresponden a sus hallazgos como controller del Consorcio Ruta del Sol II, cargo desde el que habría encontrado contratos fraudulentos y empresas ficticias a las que se les hicieron giros. Pero ¿a dónde apuntaban las denuncias?
El consorcio que se volvió famoso cuando en 2016 se destapó el escándalo de Odebrecht en Colombia estaba conformado por cuatro socios: Constructora Odebrecht, con una participación del 25% del negocio; Odebrecht Colombia, con 37%; Episol (empresa propiedad de Corficolombiana, a la vez propiedad del Grupo Aval) 33%, y CSS (propiedad de Carlos Solarte) con el 5%.
Al explotar el escándalo con la constructora brasileña y el pago de coimas a servidores públicos para obtener contratos con el Estado, Corficolombiana, la dueña de Episol, aseguró que era víctima de los brasileños y que no tenían conocimiento de los ilícitos por los que la constructora es investigada en más de siete países.
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Sin embargo, un comunicado de Odebrecht del pasado 16 de noviembre cuestiona al Grupo Aval y reitera que Corficolombiana sí conocía de los ilícitos y pagos de coimas, pero resalta el papel de Pizano y sus pruebas sobre las irregularidades que la Corporación Financiera Colombiana conocía y ahora dice “desconocer”.
“Resulta cuestionable el comunicado de prensa de esta última en el que afirma: ‘Rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”, señaló Odebrecht en un comunicado reciente.
En 2013, casi cuatro años después de haber sido empleado como el controller del consorcio, Jorge Enrique Pizano encontró contratos y pagos a empresas que no cumplían con los requisitos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft).
El Grupo Aval, que estaba en busca de ingresar a la Bolsa de Valores de Nueva York, a donde entró en septiembre de 2014, debía apegarse al Sarlaft por exigencia de Estados Unidos y contratos como los que descubrió Pizano, en los que se les pagaban dineros a empresas como Inversores Profesionales (ver factura 1) y a Desimpro, se alejaban de estos requisitos.
Las empresas fantasma a las que giraron dineros
En facturas que habrían sido entregadas al asesor de Gustavo Petro, Andrés Hernández, salieron a la luz más empresas que resultaron con pagos irregulares, como el hecho a Presoam, que antes de constituirse con este nombre, figuraba como Sky Blessed S.A.S., una empresa de camisetas fabricadas por víctimas del conflicto, que pasó a convertirse en una compañía a la que le giraban dineros sin soportes.
Así fueron los pagos que rastreó Javier Mejía, gerente contractual de Consol, por más de 35.000 millones de pesos y que se sumaron a los 21.000 millones encontrados por Pizano, con lo que consolidaron irregularidades que fueron pagadas por Odebrecht y de las que tendría conocimiento el consorcio.
Sobornos en Colombia fueron por más de
65.000 millones de pesos
En el caso de Odebrecht, inicialmente el Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que la multinacional brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre estos Colombia, donde había entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014. Luego, la cifra fue en aumento a medida que avanzaban las investigaciones y actualmente se dice que se trata de 65.000 millones de pesos, es decir, unos 20,4 millones de dólares.
Según la misma Fiscalía, que sigue con las investigaciones pese al escándalo que involucra al fiscal general en este proceso, la constructora Odebrecht firmó contratos ficticios cuyo valor puede llegar a los 65.000 millones de pesos como parte de la obra de construcción de la Ruta del Sol en su segunda fase.
Además de los dos contratos irregulares que encontró el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fiscalía encontró cuatro más que fueron suscritos con el Consorcio Constructor Ruta del Sol II (Consol) y la Concesionaria Ruta del Sol II.
Esta misma información coincide con la entregada por Pizano a varios medios y que en el momento de su descubrimiento (en agosto de 2015) se creía que involucraban pagos por 21.000 millones de pesos.
“No obstante, el monto de los contratos espurios, según lo identificado en las investigaciones de la Fiscalía a noviembre de 2018, podría llegar a los 65.000 millones de pesos”, dijo la entidad en un comunicado.
La plata que terminó
en el exterior
Ahora está bajo lupa un movimiento financiero que se hizo desde Colombia a Estados Unidos por 2,7 millones de dólares. Aunque la información que se tiene sobre este giro aún no es muy completa, las autoridades de ambos países ya trabajan en indagaciones para saber quién o quiénes están detrás de este dinero.
Lo que se sabe es que la transacción se hizo el 25 de junio de 2015, año y medio antes de que estallara el escándalo de Odebrecht. En ese momento se realizó un giro desde una cuenta del Banco de Bogotá que estaba asociada al consorcio Ruta del Sol II.
Dicho monto habría ido a parar al Deutsche Bank of America como intermediario y finalmente fue depositado en el BAC International Bank.
Fuentes consultadas por PUBLIMETRO confirmaron que este hecho violaría las normas de antilavado y anticorrupción de Estados Unidos. De hecho, el Departamento del Tesoro de este país sigue de cerca todas las transacciones que se realizan en dólares americanos en todo el mundo. Es por esto que muchos de los escándalos de corrupción que se presentan en el fútbol, política, música o cualquier otro ámbito terminan siendo investigados por la justicia estadounidense aunque se hayan presentado en otros países.
Por otro lado, el Grupo Aval entró a la Bolsa de Valores de Nueva York en 2014. Al hacer este ingreso, ellos sabían que debían pasar el sistema Sarlaft, cumpliendo con la regulación estadounidense de antilavado y anticorrupción. Y quien verificaba que las normas de este sistema se cumplieran era Pizano, en su cargo de controller.
Es por lo anterior que las autoridades de Estados Unidos están interesadas en descubrir lo que hay detrás de este giro. Y es aquí donde cobra sentido el hecho de que Pizano haya enviado al FBI pruebas, además de pedir ser testigo protegido.
Los que sí sabían
de los ilícitos
Según lo que registra María Jimena Duzán, Pizano habría empezado a descubrir los ilícitos el 30 de octubre de 2013, tras pedir los informes de las dependencias y encontrar que no había respuesta de los brasileños y que la información era escasa.
En junio de 2015, Pizano le envió el informe al ahora preso y entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien hizo caso omiso a un primer y segundo informe. El 19 de agosto de 2015 fue la primera reunión con Néstor Humberto Martínez, por entonces asesor jurídico del Grupo Aval y abogado del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. En esta ocasión, Pizano grabó la conversación en la que le contaba los delitos que encontró.
Martínez ignoró las denuncias y con un tono sarcástico trató de “loquito” a Pizano, quien siguió investigando y se reunió por segunda vez con el ahora fiscal que esa vez fue explícito, pues confirmó que el Grupo Aval se encargaría de investigar por su cuenta y que era momento de callarse y no buscar más, pues la investigación pasaría a otras manos: “Eso lo cogió Sarmiento, ya tiene una copia. Estamos trabajando en una vaina muy gruesa. El penalista (dice) que no escribas, que no pidas vainas, por ejemplo, a contrastar allá, al escribirle al tipo ese que te respondió diciendo: ‘No, yo no tengo contrato’, porque ya tú sabes que esas vainas son falsas”, dijo en aquel momento el hoy fiscal.
Sin embargo, Pizano comenta a los que cuidan hoy su testamento que desde estas reuniones fue desplazado de Corficolombiana y que su grado de preocupación llegó cuando Odebrecht firmó con el Grupo Aval “un acuerdo de transacción (…) en el que las partes no solo acordaron no demandarse entre sí, sino que Odebrecht aceptó pagarle a Aval la suma de 33.000 millones de pesos que, según Néstor Humberto Martínez, era la suma que correspondía a los contratos irregulares encontrados”, señala Duzán.
Pizano y su relación
con la justicia
El hombre que temía por su vida y que así se lo manifestó a Duzán, a Iván Jaramillo de Noticias Uno y a Andrés Hernández, asesor de Gustavo Petro, habría muerto por un infarto, mientras se rasuraba, a pesar de que se baraja la hipótesis de un intento de suicidio.
Sin embargo, ese mismo hombre, que contó su verdad a los que habrían sido sus enemigos en el pasado, buscaba un acuerdo con la justicia estadounidense para huir de quienes lo amenazaban y entregar el material que tanto lo atormentaba desde 2013, hasta horas antes de su deceso.
Pizano buscó a la Fiscalía y esta lo buscó a él. Duzán cuenta cómo la fiscal 80, Amparo Cerón, que era la fiscal en el caso Odebrecht, en el que se señaló impedido Néstor Humberto Martínez, le pidió que fuera testigo en contra de José Elías Melo, hoy preso por fungir como presidente de Corficolombiana. Esta colaboración con la justicia nunca llegó porque Pizano murió y la fiscal sufrió un grave accidente de tránsito que casi la mata a mediados de octubre en Chile.
Pizano, el “loquito”, terminó por desenmascarar a más de uno, incluyendo a uno de los grupos financieros más grandes del país que seguramente deberá explicar ciertas cosas ante la justicia colombiana y puede que ante su más temido verdugo: Estados Unidos.
Glosario
• Consol. El Consorcio Constructor Ruta del Sol II está conformado por tres empresas: una es la brasileña Odebrecht, otra es la colombiana Episol (propiedad de Corficolombiana) y CSS Constructores (propiedad de Carlos Alberto Solarte).
Este consorcio se adjudicó un contrato que tenía como tarea diseñar el sector 2 de la Ruta de Sol, que cuenta con una extensión de 528 km entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y San Roque, Cesar.
• Corficolombiana. Pertenece al Grupo Aval y es una empresa de servicios financieros que ofrece capital para promover el crecimiento y expansión de las empresas. Brinda servicios en cinco tipos de negocios: banca de inversión, tesorería, banca privada, inversiones de cartera e inversiones de capital.
Corficolombiana también invierte en sectores como energía, gas, combustibles, concesiones de infraestructura, servicios financieros y agroindustria.
• Episol. Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol) es un vehículo de inversión de Corficolombiana y es la empresa con la que se creó el consorcio de la Ruta del Sol II.
• Presoam. Inicialmente era Sky Blessed S.A.S., una empresa dedicada a la producción de textiles, hasta que en 2014 firmó un contrato para ofrecer una asesoría de ingeniería civil y cambió su nombre a Sociedad Asesores y Consultores Presoam.
• Desimpro. Desimpro Desarrollo Integral de Proyectos es una empresa que se desempeña en el sector de la construcción y fue una de las compañías a las que se le efectuaron pagos irregulares.
