En esta casa vacía, las paredes están llenas de moho y el colchón sigue mojado. La mujer que vivía aquí con sus hijos tuvo que irse y dejó unas pocas cosas a cargo de un vecino. En un cuarto, donde todavía el piso roto permanece anegado, arrumaron las sillas y las mesas que no pudieron llevarse justo antes de que la inundación lo cubriera todo.
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Una situación parecida viven otros habitantes de la urbanización Villa Gladys, en Puerto Carreño, la capital del Vichada. Tras la histórica inundación que mantuvo a la ciudad bajo el agua por más de dos meses, quedó en evidencia el problema de muchos barrios que han sido construidos en humedales de los tres ríos que circundan la ciudad: el Meta, el Bita y el Orinoco.
Según los reportes oficiales, 18 barrios quedaron sumergidos y se reportaron 7 000 damnificados. Estas cifras dejan por fuera a miles de personas que viven en las crecientes invasiones de la ciudad (de migrantes venezolanos e indígenas), y que no fueron censadas por ser ilegales, según informó la semana pasada el alcalde de Puerto Carreño, Marcos Pérez, en una reunión privada con congresistas.
Las urbanizaciones —algunas, invasiones espontáneas; otras, barrios constituidos y con derechos de propiedad— se han levantado bajo la mirada complaciente de las autoridades del departamento, del municipio y hasta del gobierno nacional, que sacan pecho en las fotos de entrega, pero se esconden cuando las tragedias ponen en evidencia el grave error.
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“¿Usted cómo le va a dar casa a una gente en un sitio donde sabe que cada año va a tener damnificados?”, se preguntó un exempleado de la Alcaldía que accedió a hablar con La Liga Contra el Silencio, bajo la condición de proteger su identidad.
Villa Gladys es un conjunto de 194 casas de interés prioritario (VIP) que entregó el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en enero de 2017. La obra fue parte de las 100.000 viviendas gratis que el gobierno anterior se propuso entregar a familias que estuvieran en pobreza extrema, víctimas de la violencia o desplazamiento y que vivieran en zonas de alto riesgo.
Ante cientos de familias expectantes, el día de la entrega, Vargas Lleras celebró junto al entonces alcalde Marcos Pérez y al gobernador Luis Carlos Álvarez. Los habitantes dicen que repartió abrazos, pero les extrañó que no entrara a conocer las casas.
Si el Vicepresidente lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que no había muchas razones para celebrar.
El proyecto, que le costó al gobierno nacional más de 13 000 millones de pesos, está construido sobre la zona inundable del río Meta. Es decir, las casas fueron construidas sobre un pantano. Para levantarlas, el municipio rellenó un humedal de 15 000 metros cuadrados con más de 6000 metros cúbicos de ripio o material de relleno.
Los contratos se firmaron entre 2014 y 2015, y figuran a nombre de Edilma Ramírez García. La señora aparece en otros contratos con la Alcaldía y la Gobernación desde 2010, con propósitos tan diversos como mantener la red sanitaria del Palacio de la Gobernación, animar fiestas para funcionarios del aeropuerto, reponer la tinta de las impresoras, comprar neveras, dotar de sudaderas a los ancianos y hasta para entregar ganado a los indígenas. La señora Ramírez García, entre 2010 y 2016, recibió contratos por más de 700 millones de pesos, según registros públicos.
La Liga contactó a la señora Ramírez. “Yo no he prestado mi firma a nadie y tengo mi conciencia tranquila”, dijo. “¿Por qué no investigan mejor al Gobernador?”, preguntó. Ramírez agregó que, en su momento, ella ya había hecho sus descargos ante los órganos de control, pero no supo precisar ante cuál. Ramírez es la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Arturo Bueno.
“Los firmones”, les dicen en la jerga interna de la administración a quienes se ofrecen para firmar cualquier tipo de contrato aunque el verdadero ejecutor y beneficiario sea otro.
El problema de Villa Gladys no termina en su peligrosa ubicación o en el silencio de la CAR ante el riesgo evidente de la construcción sobre una zona peligrosa. Las casas tuvieron que ser reforzadas, pues fueron construidas sin vigas; el sistema de alcantarillado conduce a unos pozos sépticos que no funcionan y contaminan cada día el río Meta; la motobomba para nutrir el supuesto sistema de agua profunda está oxidada e inservible.
Seis meses después de recibir la viviendas de manos de Vargas Lleras, algunos residentes denunciaron ante la Contraloría General el mal estado de las casas. En la denuncia, hecha el 23 de agosto de 2017, reclaman “bloques de concreto huecos que ya están desfondados, filtraciones de agua por deficiencias en techo y tanques de almacenamiento de agua desde el segundo piso hacia el primero; las viviendas no cuentan con un suministro normal de agua potable; no hay un manejo de aguas residuales y servidas en normal funcionamiento, depósito de aguas de alcantarillado en zona de inundación por nivel freático procedente del río Meta; escaleras metálicas de acceso externo del primer piso al segundo electrificadas; cortos eléctricos en tomacorrientes; puertas de madera prensada tipo madeflex y triplex en duchas”, entre otras.
Días después, tres funcionarios de la Contraloría departamental visitaron Villa Gladys. En su informe, al que tuvo acceso La Liga, advirtieron que el barrio no tiene alcantarillado, que los pozos sépticos están colmados, que las aguas negras se devuelven por las tuberías y que por eso la gente vierte las aguas servidas en la calle. “Una condición necesaria para la instalación de este sistema de tratamiento (pozos) es que el terreno no sea inundable”, dice el informe. Y agrega que “algunas viviendas no están siendo habitadas”.
La Liga buscó una reacción del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, pero uno de sus voceros dijo que no estaba dando entrevistas.
“Esas casas no tienen seguridad de nada. Tuvieron que meterle columnas porque se iban a caer”, dijo un hombre que vive en una invasión junto a Villa Gladys. “Esto fue relleno, todo era humedal”, añadió.
El barrio tampoco parece haber cumplido su propósito de dar vivienda a quienes de verdad la necesitan. La Liga comprobó que muchas de las casas fueron adjudicadas a personas que efectivamente vivían en invasiones pero nunca las dejaron; en otras palabras, ahora tienen dos casas: la invasión y Villa Gladys.
La gente, y en particular quienes no recibieron casas, aunque cumplían los requisitos, desconfían del sorteo que se hizo para adjudicarlas. Por ejemplo, una de las casas fue entregada a Mercy Pérez Jiménez, hermana del actual Alcalde. La resolución del Ministerio de Vivienda fue firmada el 22 de agosto de 2016, cuando ya el funcionario ejercía su cargo. Su hermana, además, no parece estar en situación de pobreza extrema, pues desde 2012 es contratista del ICBF en Vichada.
La Liga contactó a la hermana del Alcalde, quien explicó que se postuló para recibir una casa antes de que su hermano ejerciera el cargo y que lo hizo en calidad de víctima del conflicto (su padre fue asesinado). Según su versión, cuando su hermano se posesionó, ella intentó devolver la casa, pero no pudo. “La olla de mi hermano no es la misma olla mía. El hecho que él sea alcalde no significa que yo esté mandando; nosotros escasamente [nos damos] el saludo”, explicó.
Además, algunas de las casas de Villa Gladys han sido arrendadas, aunque está prohibido. Otras fueron entregadas a personas que no viven en Puerto Carreño. “Yo sí quisiera una casita, yo sí soy de Carreño”, dijo Ana Molano, una mujer joven que ahora vive en Villa Gladys aunque no fue beneficiada. Molano le paga arriendo a un propietario que vive en Inírida.
¿Por qué hacer un barrio para población vulnerable en un zona de alto riesgo?
“Porque son terrenos que compran barato y los negocian caro”, dijo una fuente que conoce el negocio de predios. “Ahí hay mucha cosa rara”.
La Liga confirmó que el lote de Villa Gladys fue comprado por 240 millones de pesos al señor Rafael Antonio Rodríguez, exconcejal del municipio por el Partido Liberal entre 2008 y 2012. En el momento de la compra, Rodríguez fungía como “consejero del sector vivienda” del exalcalde Álvaro Mauricio Londoño. Rodríguez vive hoy en una casa de dos pisos junto a Villa Gladys, y es dueño de una panadería en el centro de Puerto Carreño.
Pese a la larga lista de irregularidades en torno a invasiones, rellenos y barrios en zonas de alto riesgo o protegidas, los organismos de control no hacen mucho. El informe de la Contraloría departamental sobre Villa Gladys no pasó de un oficio. Ni la Contraloría ni la Procuraduría del Vichada tienen investigación abierta por estos hechos. Y Corporinoquía tiene apenas una funcionaria permanente en Puerto Carreño que, en plena alerta roja de la ciudad, tomó vacaciones de un mes fuera del país. “Aquí hacerse el de la vista gorda genera méritos” , dijo a La Liga un empresario de esa ciudad.
La Contraloría departamental nunca ha encontrado problemas en los contratos que audita y la Procuraduría regional de Vichada aparece en rojo en el tablero de control de Bogotá, pues no produce fallos. O no lo hacía hasta hace poco.
En abril de 2018 llegó a ese cargo Paola Osorio. En cinco meses, Osorio empezó a mover procesos que llevaban años estancados, entre ellos varios que tocaban al actual gobernador y a su antecesor, así como al exalcalde de Carreño. Osorio abrió investigación contra 11 diputados del Vichada por exonerar a un contratista de pagar impuestos al departamento; instó para que su oficina presentara el pliego de cargos contra el alcalde del municipio de Primavera en una investigación que se había quedado quieta.
Osorio recolectó pruebas de Villa Gladys y abrió otras indagaciones a la élite política del departamento, incluida una por presunto fraude electoral. La procuradora sintió muy pronto las presiones de los implicados.
El 3 de julio de 2018, Osorio advirtió a su jefe, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, que había recibido mensajes intimidatorios por parte del gobernador del Vichada, Luis Carlos Álvarez: “…el señor Gobernador del Departamento me envió razón con una persona […] de que él ya había hablado con unos senadores para que en octubre le entregara mi cargo, pero que si yo accedía a reunirme con él y a ayudarle con algunos temas de su interés, él se quedaría quieto con ese asunto…”, escribió en una carta que llegó al despacho del señor Carrillo, y a la que tuvo acceso La Liga.
La procuradora siguió adelante, sustanciando ella misma algunos de los procesos olvidados. Entre ellos estaba el caso del CINER, un megaproyecto de 44 000 millones de pesos hecho con dinero de regalías, para crear un centro de energías renovables que nunca funcionó. Hoy hay una biblioteca que nadie usa y una pequeña legión de funcionarios que devengan sueldo.
Por esta obra había una indagación preliminar que prometía no prosperar, pero la procuradora Osorio abrió investigación disciplinaria seis días antes de que prescribiera.
Pocos días después, la procuradora recibió la notificación de que había sido destituida. Si las denuncias que había hecho Osorio son ciertas, el poderoso gobernador no sólo cumplió su palabra, sino que lo hizo con una eficiencia inusitada: la destitución de la procuradora podría ser la única obra que entregó antes de la fecha prometida.
“Si yo tuviera la potestad de cambiar un procurador, ya hubiera puesto procuradores. Eso es mentira”, dijo el gobernador Álvarez a La Liga.
Sobre los otros señalamientos el Gobernador no respondió hasta la publicación de este reportaje.
Con la destitución de la procuradora, el caso de Villa Gladys (y los demás) volverán a sus anaqueles hasta que la nueva procuradora regional, Ana Victoria Carreño Díaz, los retome. Mientras tanto, las casas de Villa Gladys seguirán tambaleándose sobre el humedal, y quienes las habitan, haciendo cábalas sobre cuándo será la próxima inundación.
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