La aspersión con glifosato volvió al debate en el país luego de que, faltando pocos días para que Juan Manuel Santos dejara la Presidencia, se reactivara la posibilidad de asperjar, pero con drones a baja altura. El cambio de gobierno y el ministro de Defensa piden que se reactiven las fumigaciones y aseguran que el glifosato no tiene efectos negativos sobre la salud, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
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El estrechamiento de las relaciones con Estados Unidos y la próxima visita de Donald Trump al país en noviembre indican que el químico prohibido en más de 100 países y que cuenta con demandas mundialmente volvería para finales de 2019. El embajador en Washington, Francisco Santos, apoya la idea, y como en un viejo ciclo, volveríamos a ver la política antidrogas que parece no haber funcionado en más de 40 años en el país.
¿Cómo ha sido la historia de este químico en Colombia? Le contamos.
1978-1984
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Comenzaron las operaciones
En cabeza de Julio César Turbay empezó la aspersión de cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. La presión de EE. UU. se sintió y el Gobierno comenzó con el herbicida paraquat, uno de los más agresivos. Las reacciones no se hicieron esperar. Al año siguiente, el Congreso estadounidense prohibió al Gobierno apoyar aspersiones internacionales, lo que hizo suspender el programa en Colombia, pese a la presión. Fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla el que creó en el Gobierno la “necesidad” de comenzar de nuevo con la aspersión.
1992-1994
Se fumigó coca y amapola
En reunión del Consejo Nacional de Estupefacientes nació la alarma de la llegada de otras plantas que se usaban desde entonces con fines ilícitos, como la coca y la amapola. El ministro de Salud de la época sugirió que la utilización del glifosato, la sustancia estrenada a finales de los 80, tenía graves repercusiones en la salud de los campesinos, pero César Gaviria, presidente de la época, rechazó el concepto del experto. En el gobierno de Ernesto Samper se inició una fuerte presión de las comunidades campesinas, que notaban los efectos del glifosato y que terminó por asperjar más hectáreas que las existentes de amapola y coca. Samper se enfrentó a la decisión de si continuar o no con el programa.
1996-1999
Protestas cocaleras: empezaron las negociaciones con las Farc
En julio de 1996 nacieron las marchas cocaleras en el Putumayo. La presión al presidente era máxima por el paro que buscaba detener la aspersión que les había significado pérdidas a los campesinos del sur del país, quienes aseguraban que la coca era el único negocio rentable. Además, la descertificación de EE. UU. dejó a Colombia sin crédito ante el mundo. La erradicación voluntaria y mejora en la infraestructura hicieron parte del Pacto de Orito, en el que el Gobierno se comprometió a hacer una transición social ordenada. Las Farc resultaron condenadas como las instigadoras del paro y se recrudeció el conflicto en el sur del país, acelerando un incremento del paramilitarismo.
En 1998, Andrés Pastrana asumió el reto de las conversaciones con las Farc y se inscribió el Plan Colombia, de la mano de EE. UU., que pidió reiniciar las operaciones contra las drogas y entregó apoyo a la causa. Se creó un fondo para apoyar e “indemnizar a afectados” por aspersiones, hecho que solo se dio en 10% de las denuncias. Pastrana se convirtió en el alguacil del Plan Colombia e incrementó las aspersiones en el sur del país.
2001-2002
Entidades estatales hicieron denuncias sobre daños ambientales y a la salud
Entidades como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo lanzaron las primeras alarmas del milenio sobre el uso del glifosato y por qué la erradicación no era tan beneficiosa como todos pensaban, pues se gastaron más recursos de los estimados y las hectáreas de cultivos ilícitos no descendieron significativamente. La Defensoría del Pueblo denunció daños graves a las comunidades indígenas y campesinas, y conminó al Estado a una negociación con las poblaciones para realizar una erradicación consensuada.
2004-2006
Álvaro Uribe fortaleció el programa y negó la amenaza en parques nacionales
La presión por las aspersiones llevaron a Uribe a pedir un estudio a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, en el que declaró que el glifosato no revestía peligro alguno para las comunidades y desde el Ministerio de Ambiente se planteó la posibilidad de volver a las aspersiones en parques naturales, en donde los grupos narcotraficantes aprovecharon las medidas de protección para sembrar. Uribe autorizó la aspersión en zona fronteriza con Ecuador, creando un problema diplomático con esa nación en 2007, la cual pidió una revisión de la ONU y no interferir en las fronteras, lo que destapó un problema con los países andinos.
2013-2015
Santos desafió a EE. UU. y suspendió las fumigaciones
Juan Manuel Santos reconoció la responsabilidad de Colombia sobre la aspersión en la frontera con Ecuador y aseguró una indemnización.
En consonancia con esta decisión, pensó en la suspensión definitiva de las aspersiones, pero los cultivos aumentaron. Se prohibieron las aspersiones sobre parques naturales. En 2015 se suspendieron las operaciones con glifosato, atendiendo el estudio de la OMS que halló riesgos de cáncer en las personas asperjadas, obligando al CNE a detener las operaciones por orden de la Corte Constitucional.
2017-2018
Volvió el fantasma de la aspersión
A pocos días de terminar su mandato, Santos reactivó la aspersión con glifosato, pero con drones, ante el notable incremento de los cultivos ilícitos y con el fin de recolectar fondos de EE. UU. para la implementación de la paz con las Farc. Cambió el gobierno y con una política allegada al uribismo y al conservatismo, Iván Duque podría reactivar la aspersión en próximos días.