1. Reducir salarios a los congresistas y altos funcionarios
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El primer punto y el más popular de todos los siete consiste en reducir el salario de los congresistas y los altos funcionarios del Estado, dispuestos en el artículo 197 de la Constitución, fijando como tope máximo 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Entonces, hagamos la cuenta. Los ministros se ganan 25 salarios mínimos (cerca de 20 millones de pesos), pero los congresistas han encontrado la forma de darse gabelas y ganarse ¡41 salarios mínimos! (más de 30 millones de pesos). Entonces, queremos decir que los ministros y los congresistas, que tienen la misma importancia, el mismo nivel de responsabilidades, se ganen 25 salarios mínimos. ¡Que es un sueldazo! Y con eso logramos pagarle mejor a más gente, en el área administrativa, que no devenga tanto. Esto reduce la corrupción en la Administración Pública. Se les puede subir el sueldo a alcaldes municipales, a concejales municipales y se reduce la tentación del erario público para financiarse”, asegura Claudia López.
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La medida no contempla bajar salarios a militares o escoltas.
2. Cárcel para corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado
Uno de los puntos que más les interesa a quienes impulsan la consulta es el que busca evitar que los condenados por corrupción y delitos contra la Administración Pública tengan la posibilidad de reclusión especial mientras pagan su condena, es decir, que paguen casa por cárcel gastándose lo que se robaron. Además, permitirle al Estado que pueda terminar los contratos de forma unilateral con estos o las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización o posibilidad de volver a contratar con el Estado, pues en Colombia se presenta el problema de que se sigue contratando con las empresas que han cometido delitos, como es el caso de Odebrecht.
“Queremos que los corruptos no tengan regímenes especiales de cárcel. Que el que le robe a los colombianos pague su condena en una celda. Que al que consigue contratos con corrupción y por debajo de cuerda, o se roba la plata, que le podamos cancelar sin aviso y sin ningún tipo de indemnización cualquier tipo de contrato con el Estado y que no se le vuelva a contratar jamás”, señala López.
3. Pliegos tipo para todos los contratos
“En Colombia, suelen hacerse pliegos de condiciones para contratistas a la medida. En vez de usar un único tipo de pliego que evite acomodar todo para ayudar al contratista que les da tajada, buscamos que haya un pliego tipo con el fin de que sean las mismas condiciones para todos”, en esto consiste este punto que brinda obligatoriedad de todas las entidades públicas y territoriales de utilizar pliegos tipo al momento de celebrar cualquier contrato, según López. “Con esto evitamos que sean los mismos. Lo que está pasando es que los empresarios ya no se presentan a las licitaciones para contratar con el Estado porque para qué gastan plata en algo que saben que ya está arreglado”.
4. Presupuestos con participación ciudadana
La obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados tengan la posibilidad de decidir sobre el presupuesto de inversión nacional, regional y departamental y cómo usarlo es uno de los puntos de la consulta.
“Se encierran en un cuarto ministros, gobernadores y alcaldes, y deciden qué hacer con nuestro presupuesto, y los ciudadanos no pueden ni opinar ni hacer nada. El cuarto punto de la consulta va a acabar con la ‘mermelada’, porque va a obligar al Gobierno a hacer audiencias públicas con la ciudadanía para decidir en qué se va a gastar hasta el último peso”, dijo López.
5. Congresistas deben rendir cuentas de gestión
Que los congresistas y demás corporados tengan la obligación de rendir cuentas anuales sobre su participación y gestión, tanto de intereses públicos como particulares, por ejemplo, en gestiones realizadas para presentar candidatos a cargos públicos.
La idea es que además de mostrar si están trabajando o no, los congresistas demuestren sus intereses particulares con el fin de entender por qué votan cada cosa, cada proyecto y cómo postulan a sus candidatos a elecciones como la de contralor, procurador o fiscal.
“El quinto mandato es buenísimo. Es para que mis compañeros los congresistas tengan que rendir cuentas de su asistencia al Congreso, que muestren cómo votan y los resultados de su gestión. Esto es muy importante, porque tienen que dejar por sentado los intereses de lobby de los que son presos y cómo votan en cada proyecto. Por ejemplo, lo que ha pasado con el asbesto, cuando sus amigos fabricantes de esta fibra les están haciendo lobby para que no lo prohíban”, suma López.
6. Políticos deben declarar de dónde sacan la plata
“El sexto es para que los políticos muestren de dónde sacan la plata para hacer campaña, de dónde son sus propiedades… ¡Tienen que justificar hasta el último peso que tienen, o se les aplicará extinción a lo que no puedan justificar!”, cuenta la exsenadora López sobre el punto que busca que todos los funcionarios que son elegidos por voto popular tengan la obligación de hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Y que dado el caso, se inicien de oficio las investigaciones penales si hay lugar a ello sobre lo no declarado.
7. Máximo tres periodos en corporaciones públicas
El séptimo mandato busca establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas, los concejos y las juntas administradoras locales.
El punto busca que no existan más ‘atornillados’ en el poder, que se perpetúen y no den vía libre a nuevas maneras de hacer política.
“El séptimo, pero no menos importante, es que no haya más atornillados al poder. Esto quiere decir que no más ‘Gerleins’ en el Senado, que llevan 40 años en un mismo cargo. No, uno sirve y se va. La idea es limitar a tres periodos el desempeño de los políticos. Si quieren trabajar más que lo hagan, pero aspirando a otra cosa”, señala López.
La idea es que una persona que sirve por 12 años en el Senado se pueda presentar a otro cargo, pero no que se quede en un mismo lado por más de tres elecciones.
Así, se renovaría la política y la participación en las corporaciones de tipo público.