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En los últimos seis meses se han incrementado en todo el país las denuncias por amenazas contra periodistas. Recientemente llamaron la atención los casos de reconocidos reporteros y directores de medios de comunicación en Bogotá, pero en las regiones diariamente amenazan y atentan contra periodistas locales.
A raíz de los casos presentados en Bogotá, la Fiscalía se reunió con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que ya había alertado a las autoridades por el aumento de casos que se han presentado en lo corrido de 2018, 24 más que en 2017.
Después de esa reunión el ente acusador se comprometió a investigar y judicializar a quienes intenten intimidar a los comunicadores y poner en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos.
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Casos de amenazas contra periodistas
Los resultados ya empezaron a conocerse: el último informe señala que la Fiscalía adelanta 188 investigaciones que corresponden a amenazas contra 227 periodistas, ocurridas entre enero de 2016 y julio de 2018. 74 de ellas fueron presentadas este año y afectan a 89 comunicadores.
Las amenazas que han sido reportadas ante la entidad se han registrado en 26 departamentos, siendo el Valle del Cauca el que mayor número registra, con 20 casos. Le sigue Arauca con 15, Santander con 14, Tolima y Antioquia con 13 cada uno, Cesar con 9, Sucre, Bogotá y Bolívar con 8 casos. Los demás (Magdalena, Atlántico, Norte de Santander, Córdoba, Guaviare, Boyacá, Huila, Nariño, Quindío, Meta, Chocó, Caldas, Casanare, Putumayo, Caquetá y Risaralda) con menos de 7.
¿Quiénes están detrás?
En cuanto a posibles autores de las amenazas contra periodistas, la Fiscalía afirmó que “la totalidad de las amenazas contra periodistas de medios nacionales provendrían de particulares; mientras que en las regiones existiría responsabilidad de grupos al margen de la ley”.
Es decir, los autores materiales de las amenazas proferidas contra los reporteros en Bogotá, que trabajan para Semana, RCN Radio y La FM, eran particulares.
Los casos corresponden a amenazas en contra de los periodistas María Jimena Duzán y Luis Carlos Vélez, quienes fueron intimidados por redes sociales, y Katherine Leal, víctima de este delito vía llamada telefónica.
De esta cuenta me envían esta amenaza de muerte. @FiscaliaCol y @FLIP_org pic.twitter.com/DjScrFL4P5
— María Jimena Duzán (@MJDuzan) July 15, 2018
Los tres sujetos identificados están ubicados en otras partes del país, diferentes a Bogotá, por lo que las audiencias se realizarán en los lugares donde surgieron las amenazas.
SIP alertó por «nueva ola de violencia»
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la «nueva ola de violencia» contra periodistas en Colombia.
La SIP se refirió a los dos periodistas asesinados el pasado viernes. Se trata de Valentín Rúa Tezada, de la emisora Salvajina Estéreo en Suárez, Cauca, y de Jairo Alberto Calderón Plaza, director del portal de noticias Contacto, en Tuluá, Valle del Cauca.
«Las mafias y la corrupción han desatado una nueva ofensiva contra la libertad de prensa y los periodistas siguen ofrendando sus vidas para que la ciudadanía ejerza su derecho a estar informada», dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
El riesgo, los periodistas en regiones
La FLIP informó recientemente que en los últimos años se han incrementado las amenazas contra periodistas, especialmente en regiones apartadas. “Mientras que en el año 2015 la FLIP documentó 59 casos de amenazas, en 2016 la cifra ascendió a 90 y en 2017 llegó a 129”, señaló la fundación, resaltando que este año la cifra ya va por 89.
Por eso pidieron protección para los periodistas Germán Arenas, Dubán García y Jairo Figueroa, quienes trabajan en Mocoa, Putumayo. En este caso los agresores se identifican como miembros de las Águilas Negras y en las amenazas advierten a los periodistas que tienen hasta la próxima semana para salir de Mocoa.
El pedido que hace la Flip a la Fiscalía es que actúen con la misma celeridad que en los casos de los periodistas de medios nacionales para dar con los autores de las amenazas.
P&R
Sebastián Salamanca, coordinador del Área de Atención y Defensa a Periodistas de la FLIP.
¿La FLIP está satisfecha con los avances de la Fiscalía en los casos de los periodistas en Bogotá?
No es que estemos satisfechos. Lo que pasa es que la FLIP tiene que reconocer que el trabajo que ha hecho la Fiscalía en los casos de amenazas a periodistas en Bogotá es un trabajo que está avanzando y es un trabajo que comienza a dar resultados. Las imputaciones en estos tres procesos, la identificación de la persona que amenazó hace algunos meses al caricaturista Matador son muestras de ello.
Entonces, lo que está tratando de transmitir la FLIP es que el hecho de que se haya logrado esos avances es porque al interior de la Fiscalía se tomó la directiva de ponerle mucha atención a ese tema, sobre todo en los casos de Bogotá. Sin embargo, para la FLIP es muy importante que así como esas decisiones se tomaron en los casos de Bogotá también se dispongan los recursos necesarios para que sean identificados y sancionados los autores de las amenazas a periodistas en otras regiones.
Es decir, que hubo cierta determinación de la Fiscalía para investigar estos casos, pero ¿sienten que no hay el mismo impulso para los casos de periodistas regionales?
Exactamente. Lo que espera la FLIP es que la Fiscalía disponga de los recursos para que a los demás casos se les pueda dar la misma celeridad que le dio la Fiscalía en Bogotá.
Pero por otro lado se debe reconocer que anteriormente no había ningún chance de identificar a una persona que amenazara a un periodista y estos casos en los que la Fiscalía ha entregado resultados representan un gran avance, pero también es dar el mensaje que ese mismo avance se va a ver en las demás investigaciones para que los autores de las amenazas en regiones sepan que no lo pueden hacerlo porque si lo hacen van a tener consecuencias penales.
Llama la atención en el informe de la Fiscalía se asegure que los autores materiales de las amenazas contra los reporteros en Bogotá eran particulares, mientras que en las regiones sería responsabilidad de grupos al margen de la ley…
La Fiscalía, en esta oportunidad, se refiere a tres casos puntuales (el de María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez y Katherine Leal), entonces no es un mensaje generalizado sobre los casos de amenazas a periodistas a nivel nacional, de los cuales la mayoría de los autores sí son de grupos al margen de la ley.
Hay que decir que está bien que un fiscal asegure, en el marco de su hipótesis de trabajo, quiénes son los presuntos autores o a qué grupo pertenecen. Sin embargo, es un juez de la República quien debe determinar si es correcta esa hipótesis. El fiscal puede tener su hipótesis de trabajo y es respetable, pero todo esto está sujeto a la decisión de un fiscal.
El miércoles también denunciaron amenazas contra periodistas en Mocoa. ¿Qué más conoce la FLIP en este caso?
Son personas que se identifican como integrantes de las Águilas Negras, lo cual realmente no dice mucho. Pero en el fondo lo importante no es saber si son de un grupo armado, si es un comandante de un grupo armado o si es un adolescente detrás de un computador. En cualquier caso, no solo en el de Mocoa.
Nuevamente, lo importante es que la Fiscalía identifique plenamente quién es la persona que está detrás de la amenaza.
Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa.
Los tres casos resueltos:
María Jimena Duzán
En este caso, se identificó que los mensajes amenazantes fueron enviados desde Medellín, por lo que se cumplió diligencia de allanamiento y registro en una vivienda de esa ciudad. La radicación de imputación de cargos se hará en esa ciudad.
Luis Carlos Vélez
El director de la FM recibió amenazas a través de Facebook de parte de Alan Benjumea. En las verificaciones hechas por la Fiscalía fue ubicado el supuesto autor de las amenazas en Leticia, Amazonas, ciudad en la que se realizará la audiencia de imputación de cargos.
Katherine Leal
La periodista de RCN Radio recibió llamadas en las que un hombre le advirtió que se había convertido en “objetivo militar”. Se identificó el origen de las llamadas en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Máxima Seguridad de Valledupar. Ahí se le imputarán cargos.
