La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 10 años a la docente Elizabeth Montaña Hernández por agredir verbalmente y hacer señalamientos infundados de manera reiterada a un estudiante indígena que posteriormente se suicidó, informó el ente disciplinario.
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«La docente se extralimitó en sus funciones al hostigar constantemente al estudiante, de 14 años e integrante de la comunidad indígena Ceima de San Pablo, de la etnia Desano«, indicó en un comunicado la regional de la Procuraduría en el departamento amazónico de Vaupés.
Según la entidad, la profesora responsabilizaba al joven «por las diferentes situaciones anómalas que ocurrían en su salón de clase o en el colegio, ubicado en zona rural de la ciudad de Mitú«.
Luego de la investigación, la Procuraduría determinó que en algunas ocasiones la maestra le prohibió al joven el ingreso a clases sin ninguna justificación y toleró que sus compañeros le hicieran matoneo, sin intervenir en su defensa o llevar el caso por los procedimientos e instancias establecidas para solucionarlo.
Por lo anterior, el ente disciplinario indicó que «Montaña Hernández afectó la dignidad y la integridad del estudiante, así como incumplió sus deberes y funciones al no velar por el bienestar, seguridad e integridad del menor, ni por el cumplimento de las normas de comportamiento y convivencia de la institución«.
También, estableció que el 6 de octubre de 2017 la docente lo recriminó en presencia de sus compañeros con términos como «ladrón» y «que no servía para nada» y lo responsabilizó, sin tener pruebas, por la pérdida de una gasolina que estaba almacenada en las instalaciones del centro educativo.
Ese mismo día y al finalizar la jornada escolar el joven se ahorcó cerca al colegio.
Inhabilitan a profesora por agredir verbalmente a joven indígena.
Por las constantes agresiones y señalamientos contra el menor, el Ministerio Público calificó la falta cometida por la maestra como «gravísima a título de dolo. El fallo fue apelado por la defensa de la disciplinada, recurso que será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa«.
