Imelda Daza es una de las sobrevivientes del exterminio que sufrió la Unión Patriótica, recientemente fue miembro del movimiento Voces de Paz que asistió al Congreso para participar en las discusiones de los proyectos de paz que pasaron por el Fast Track y luego aceptó ser la fórmula vicepresidencial de ‘Timochenko’. Hoy habló con PUBLIMETRO sobre la aprobación de la reglamentación de la JEP en el Senado.
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¿Cómo fue concebida originalmente la JEP?
La JEP, como justicia transicional, se
concibió como un mecanismo a través de cual los millones de victimas del conflicto armado íbamos a tener por fin la posibilidad de conocer la verdad de lo que nos ocurrió. Ese es el trasfondo de todo. Es una justicia que se llama especial porque privilegia la verdad, no el castigo. No es una justicia punitiva, es una justicia restaurativa.
De acuerdo con eso, lo importante allí es conocer la verdad de parte de todos los victimarios de este conflicto.
La JEP, si bien se diseñó en el marco de la negociación de un acuerdo de terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, no fue diseñada solo para los excombatientes de las Farc, sino para todos los victimarios, quiere decir también para paramilitares, también para empresarios, también para militares en ejercicio, también para todos los que de una u otra manera, en mayor o menor grado, le aportaron a la tragedia, le aportaron a los crímenes. Entonces, así fue como se concibió, así se aprobó y la intención era que tanto la ley estatutaria como la ley reglamentaria se ajustaran a eso.
¿Es decir, que la JEP aprobada va en contra de la inicial?
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La JEP fue el resultado de un acuerdo entre las partes en conflicto, léase las guerrillas de las Farc y las Fuerzas Armadas representadas por el Gobierno. Luego, esto que se está haciendo ahora va en contra de lo que se acordó inicialmente porque en el Congreso no se puede renegociar el acuerdo de paz, porque ahí no están las partes involucradas. Es que la negociación no se hizo con los parlamentarios, los negociadores no fueron los senadores ni los representantes. Ellos les dieron autorización al Gobierno para negociar y el Gobierno negoció. Ellos pueden reglamentar, pero en el marco de la JEP, no haciéndola exclusiva para la exguerrilla de las Farc y excluyendo a otros victimarios que quizá fueron los mayores.
Esto que se hace hoy en el Congreso transgrede lo que se pactó en la Habana, viola lo firmado y se convierte así en una mentira al país.
¿Estos cambios benefician a las víctimas?
No. Nos han engañado a las víctimas que creímos que por fin había llegado la ocasión para conocer la verdad. Yo, por ejemplo, soy sobreviviente del genocidio de la UP y casi 30 años después sigue impune. Creímos que ahora íbamos a saber quiénes habían sido los responsables de ese genocidio, creímos que nos iban a pedir perdón y estábamos dispuestos a perdonar. Lo que han hecho ahora es una infamia contra los más de 8 millones de victimas.
Esto es muy peligroso porque consagra la impunidad de quienes son los principales victimarios de este conflicto.
¿Qué posibilidad hay de que la Corte no avale los cambios?
La Corte Constitucional tiene la última palabra. Es la que puede o no avalar lo aprobado ahí. Pero yo no sé si la composición actual de la corte sirve para eso porque hay un gobierno nuevo que empezó a gobernar sin tomar posesión y sin esperar que se termine el mandato legítimo de Juan Manuel Santos. Si es así ahora, me imagino las presiones hacia la corte para que avale lo absurdo. Es decir, no se espera nada bueno.
¿Qué pasará con los militares que ya están en la JEP?
Los militares cometieron unos delitos llamados falsos positivos que, en realidad, no se enmarcan dentro del conflicto armado porque no fue en ejercicio de su actividad represiva de la insurgencia que se cometieron. Fue una decisión personal de un grupo de militares para obtener privilegios lo que los llevó a cometer estos crímenes. Pero después de una larga discusión se aceptó que, para privilegiar las víctimas, a las madres y familiares de esas víctimas, se aceptara la participación de ellos en la JEP para conocer la verdad. Pero esa es la verdad que incomoda a muchos llamados terceros, porque ahí íbamos a conocer cosas terribles y se trata, entonces, de ocultar esas verdades. Se privilegia la impunidad y ahora decidieron que es mejor que los militares no vayan a la JEP y que se arme un tribunal para absolverlos a todos y para que no se sepa ninguna verdad.
Sin embargo, corren el riesgo esos militares acusados que sean llamados por la Corte penal Internacional y allá sí van a ser condenados. Por eso muchos militares prefieren ir a la JEP a aliviar su culpa, porque ellos no actuaron solos.
