El fiscal general Néstor Humberto Martínez advirtió al presidente Juan Manuel Santos de irregularidades en la ejecución de proyectos relacionados con el posconflicto tras la firma de la paz con las Farc.
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En una carta enviada al presidente, el fiscal asegura que desde el año pasado lleva a cabo «una investigación sobre el proceso de contratación de los proyectos productivos en el posconflicto» que le han permitido obtener «evidencias concluyentes sobre la existencia de diversas circunstancias que conjuran contra la integridad del mismo».
«De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas», manifestó Martínez en la carta enviada ayer a Santos y divulgada hoy por la Fiscalía.
Según el fiscal, estos actos se harían a cambio de «favores económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos».
Para obtener los contratos, los intermediarios accedían a «información privilegiada» sobre la adjudicación de los proyectos, para lo que ofrecían «compensaciones económicas» a funcionarios públicos, agregó.
Martínez señala que si bien algunos contratistas están sometidos a control, las investigaciones revelaron que hay «direccionamientos de contratos», opacidad en los procesos y que no hay acceso público a la información sobre los proyectos.
Tras denunciar los hechos, Martínez instó a Santos a que se intervengan los proyectos para asegurar que las contrataciones sean objetivas y que los recursos se «inviertan integralmente» en programas que «faciliten la reinserción de desmovilizados de las Farc».
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A esta alerta se sumó el contralor general, Edgardo Maya, quien aseguró que esa entidad auditará los dineros del Fondo Colombia en Paz, creado el 27 de abril del año pasado por Santos para recibir y administrar los recursos para el posconflicto provenientes del presupuesto nacional y de aportes del sector privado y la comunidad internacional.
El Fondo está en el ojo del huracán a raíz de una carta que los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia le enviaron al Ministerio de Hacienda para hablar del manejo que se le ha dado a los recursos que sus países donaron para posconflicto y que son gestionados a través del Fondo Colombia Sostenible (FCS), que depende de Colombia en Paz.
«La Contraloría ofició a las entidades que tienen a su cargo el manejo de estos recursos, en dos modalidades: la ayuda internacional y los recursos del Presupuesto Nacional que han sido aportados», señaló Maya Villazón.
A la controversia que suscitó la carta de los embajadores, Santos aseguró ayer que los diplomáticos le «ratificaron que no hay ningún señalamiento de corrupción o falta de transparencia» en el manejo de los recursos aportados.
A las revelaciones de hoy se suma la renuncia el pasado lunes del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, que se hará efectiva el próximo 1 de mayo.
La JEP es la instancia diseñada para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
Correa afirmó en su carta de renuncia que lo hace porque cumplió su ciclo, pero la prensa ha ventilado denuncias de supuestos malos manejos en el arriendo de vehículos para los magistrados de la JEP, entre otras irregularidades.
