Desde septiembre del año pasado el magistrado Gustavo Malo no asistía a la Corte Suprema de Justicia, donde debía cumplir una cita para saber si podía o no continuar con sus labores, teniendo en cuenta las graves acusaciones en su contra por participar en el llamado cartel de la toga, el escándalo de corrupción que tocó a las altas cortes, el Congreso y hasta la Fiscalía.
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Todo este tiempo evadió el llamado de sus compañeros, quienes contemplaban suspenderlo mientras avanza la investigación en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Cómo lo hizo? Presentando incapacidades médicas cada 20 días.
Pero esta vez la excusa no le funcionó y asistió a la corte. Ahí, en la Sala Plena, los magistrados decidieron aplicar el nuevo reglamento que contempla una suspensión del cargo y en su reemplazo se elegirá a una persona que ya trabaje en el alto tribunal.
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«Esto quiere decir que Malo no podrá ejercer su función judicial, aun cuando permanecerá en su condición de magistrado. Él sigue recibiendo el salario porque no se trata de una norma sancionatoria, sino administrativa, que se le aplica por los graves cuestionamientos que se le hacen en los casos de corrupción», aseguró en rueda de prensa el presidente de la Corte Suprema, el magistrado José Luis Barceló.
El futuro de Malo
Con este nuevo reglamento, que fue modificado a raíz del escándalo en el que está involucrado, Gustavo Malo no podrá seguir llevando los procesos que tenía a cargo en la Corte hasta que se resuelva su situación. Pero sí recibirá su sueldo mensual.
Si en la Cámara acusan formalmente al magistrado el caso pasará a la Corte Suprema, en la que será juzgado. Pero, en caso de ser absuelto, podrá volver a usar la toga.
Senador Álvaro Ashton, el otro suspendido
El senador liberal es otro que resultó suspendido debido al proceso penal por presuntos nexos con paramilitares, aunque Ashton tiene en su contra otras cuatro investigaciones, entre ellas una por el cartel de la toga.
La plenaria del Senado decidió, por unanimidad, aceptar el dictamen de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, en el que no solo suspenden al senador sino que aplican la silla vacía, por lo que el Partido Liberal no podrá reemplazar al congresista en su curul.