La Procuraduría advirtió que si la antigua guerrilla de las Farc oculta bienes ilícitos a su nombre o de terceros puede perder los beneficios adquiridos con la firma del acuerdo de paz con el Gobierno.
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«Si las Farc han ocultado esos bienes la consecuencia sería perder esos beneficios que están contemplados en el acuerdo y por supuesto en las normas constitucionales que tienen que ver con los beneficios derivados de estar sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)», manifestó el procurador general, Fernando Carrillo.
El pasado 19 de febrero la Fiscalía capturó a tres hermanos, presuntos testaferros de las Farc, e incautó bienes valuados en 650.000 millones de pesos.
Entre los inmuebles se encuentran 60 supermercados, vehículos, establecimientos de comercio y varias cabezas de ganado bovino y equino que no habían sido declarados por las Farc a la Fiscalía, conforme fue acordado con el Gobierno.
Las incautaciones desencadenaron una ola de saqueos a esos establecimientos en los departamentos de Tolima y Cundinamarca, que dejaron cuatro policía heridos y al menos 33 detenidos.
El titular de la Procuraduría señaló que según lo estipulado en los acuerdos de paz los bienes deben ser «destinados exclusivamente» a la reparación de las víctimas.
Carrillo agregó que esa preocupación la expresó en una carta dirigida al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con copia a la Corte Constitucional, en la que pide a ese alto tribunal «una línea doctrinal» sobre las sanciones.
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«Le pedimos a la Corte Constitucional en el ejercicio de control una línea doctrinal en el sentido de cómo interpretar las normas que tienen que ver con ese tipo de bienes, es decir si aquí se produce una pérdida completa de beneficios o pérdida parcial de los beneficios», agregó Carrillo.
El funcionario dijo además que se debe esclarecer si estas acciones fueron realizadas por un miembro «sin contar con la aquiescencia» de las Farc, ahora convertidas en partido político, o si el incumplimiento del acuerdo fue de esa organización, y sus consecuencias.
«La Procuraduría llama la atención sobre el riesgo de que los incumplimientos en materia de reparación a las víctimas y el desconocimientos del régimen de condicionalidades pueden significar para el sistema de tratamientos especiales previsto por el sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición», reza la misiva.
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