Esta semana la Contraloría General de la Nación se manifestó a favor de la prohibición del asbesto en nuestro país. El ente de control pidió que se prohibieran todos los tipos de asbesto en Colombia, ya que la fibra, extraída de un mineral natural, causa 540 casos de cáncer de pulmón al año en nuestro país.
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Sin embargo, aunque el Gobierno esté articulado en favor de la prohibición, desde el Ministerio del Interior, el de Salud e incluso MinAmbiente, las cosas no han cambiado y el asbesto aún es un material legaly codiciado por empresas constructoras que ven en esta fibra, economía y solidez.
Cientos de víctimas han expresado su descontento con la dilación de los debates en el Congreso, donde luego de siete debates perdidos, por fin, la prohibición de la fibra que usan para construir tuberías, tejas y tanques del agua, pasó a segundo debate, promovido por la senadora conservadora Nadia Blel, que se ha apersonado de la carrera legislativa.
“Cuando intereses comerciales y personales tratan de impedir proyecto de ley que protege la salud pública y la vida de los colombianos, la lucha en contra del uso del asbesto no debe detenerse y menos con un proyecto de ley que ya avanza en el Congreso”, comentó Blel tras conocer la decisión de la Contraloría.
El polítologo Isaac Morales, asegura que en medio de esta lucha las empresas han hecho un fuerte proceso dilatorio en el Congreso por medio del lobby con senadores y representantes, “la realidad es que el proyecto no avanza, a pesar de que el Gobierno lo apoye, porque las empresas constructoras lo están trabando”, afirma.
Este año en marzo vuelve el Congreso a sesionar, en su dos cámaras, pero otro lío se atraviesa a las víctimas del asbesto: las elecciones. “Aunque en marzo 11 se conocerá a los legisladores que conformarán el Congreso desde el 20 de julio próximo, partidos políticos estarán en campaña por presidente de la República”, señala Morales.
La respuesta es sencilla. El proyecto seguirá estancado unos meses más, para seguir avanzando, pero personas como el viceministro del Interior, Lusi Ernesto Gómez, aseguran que ven con buenos ojos que entes como la Contraloría den su apoyo a la lucha que ha movilizado a más de 30.000 personas en redes sociales, para que se prohíba el material, que muchos denominan como un asesino silencioso por la gravedad de las enfermedades que causa en quien está expuesto al agente tóxico.
Amanecerá y veremos si primarán los intereses electorales, o la salud pública y el bien común de los colombianos.
