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Procuraduría destapó ‘El cartel del sida’, en el departamento de Córdoba

Un nuevo escándalo, esta vez por los malos manejos de recursos destinados a la atención a pacientes con Sida en el departamento caribeño de Córdoba, fue denunciado por el procurador general, Fernando Carrillo.

«El cartel de la hemofilia es un juego de niños al lado de lo que hemos descubierto en Córdoba en relación con lo del cartel de los pacientes del Sida. Hoy estamos anunciando medidas disciplinarias en ese campo», afirmó Carrillo.

Según el ente de control, las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) estarían cobrando medicamentos, servicios médicos y citas de control para falsos pacientes.

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Por el caso del cartel de la hemofilia el Ministerio Público suspendió a mediados de este mes al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos de salud destinados a la atención de pacientes hemofílicos.

El organismo investiga el supuesto pago de más de 1.500 millones de pesos (unos 527.409 dólares) a la IPS San José de La Sabana S.A.S. para la atención de 14 falsos pacientes que aparentemente fueron diagnosticados con hemofilia.

Durante una rendición de cuentas de su gestión realizada en Villavicencio (centro), el procurador Carrillo explicó que el costo de un tratamiento de un paciente con Sida es de alrededor de 600.000 pesos (unos 210 dólares) y que «ahí radica el foco de la corrupción de ese departamento. Mañana mismo nos estaremos tomando ese departamento vigilando toda la contratación».

El escándalo comprometería directamente el período del suspendido Besaile.

«Estamos verificando si compromete también a la administración del gobernador (Alejandro) Lyons)», entre 2012 y 2015, agregó el jefe del Ministerio Público.

Lyons, que también es investigado por el cartel de la hemofilia, huyó a Estados Unidos donde decidió colaborar con la Justicia de ese país y la de Colombia dentro de varias investigaciones por otros escándalos de corrupción.

«Parece que esos pagos en el cartel del Sida obedecen a pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud, o a fallos de tutela. Se trata de pacientes de régimen subsidiado», detalló Carillo.

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