La Fiscalía imputará cargos a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Santos en 2014, dentro de las investigaciones que realiza por el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en el país.
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A Prieto, según un comunicado de la Fiscalía, «se le imputarán los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado».
El ente acusador aseguró que la imputación de cargos se da en desarrollo de «una de las líneas de investigación abiertas» por el escándalo de Odebrecht.
La información detalla que Prieto «habría influido de manera determinante» ante la estatal Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr la adición del contrato Ruta del Sol III «a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato».
La intermediación de Prieto posiblemente estaba condicionada a que los estudios y diseños del puente, ubicado en el departamento caribeño de Magdalena, quedaran a cargo, como ocurrió, de la firma Consultores Unidos S.A., del empresario Eduardo Zambrano, detenido como parte de las investigaciones del caso Odebrecht.
Por esa gestión, Prieto «habría obtenido el pago de 650 millones de pesos (unos 226.000 dólares)» a través de la empresa Megaland S.A.S., que facturó la «viabilidad de ese pago» por un concepto carente de sustento.
Las autoridades colombianas detuvieron en julio pasado a Zambrano y al empresario Federico Gaviria dentro de las investigaciones para esclarecer el pago de sobornos de Odebrecht.
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Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (27,72 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de EE.UU.
