Al menos dos personas han muerto y otras 200 fueron detenidas en las manifestaciones contra la política económica del Gobierno iraní que se han llevado a cabo en Teherán y otras ciudades de Irán, cuyas autoridades, asimismo, han cortado el acceso a las redes sociales.
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El presidente iraní, Hasan Rohaní, en su primera reacción pública a las protestas, reconoció hoy el derecho del pueblo a expresar su opinión, pero dijo que las manifestaciones no deben ser violentas.
«Irán es una nación libre y, según las leyes constitucionales, el pueblo tiene derecho a expresar su crítica y su protesta», pero la finalidad debe ser «una mejora de la situación del país y de la vida de la población», dijo Rohaní, según la agencia oficial iraní, IRNA.
El presidente iraní hizo estas declaraciones en una reunión de su Gabinete en la que se abordó la crisis generada por las manifestaciones.
Dos personas murieron durante las protestas en la ciudad de Dorud, en la provincia occidental de Lorestan.
El gobernador de Dorud, Habibolá Joyastepur, confirmó las muertes y subrayó que el deseo de las autoridades era que las manifestaciones acabaran de forma pacífica.
Asimismo, la policía se empleó a fondo para reprimir las manifestaciones ayer en Teherán, donde al menos 200 personas fueron detenidas, según cifras oficiales facilitadas hoy.
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Algunas de esas personas ya han sido puestas en libertad mientras otras han pasado a disposición judicial, un responsable del departamento de seguridad de la gobernación de Teherán, Ali Asgar Naserbajt, citado por la agencia local iraní de noticias ILNA.
Agregó que en el centro de Teherán hay aún algunas concentraciones que «son ilegales» y que se han desplegado unidades antidisturbios de la policía.
La red social «Telegram», la más usada y popular entre los iraníes, donde se llevaban a cabo los llamamientos a participar en las protestas ha dejado por completo de funcionar.
El viceministro iraní del Interior para temas políticos, Esmaíl Yabarzade, dijo hoy que «que cuando hay algún conflicto, es natural el uso de algunas herramientas para controlar las concentraciones ilegales».
«No tenemos datos definitivos sobre el número de detenidos», indicó Yabarzade, quien recalcó que «es natural que haya detenciones» en un contexto semejante y teniendo en cuenta que las manifestaciones no estaban autorizadas.
Por su parte, el ministro de Interior iraní, Abodlreza Rahmaní Fazlí, pidió que se mantenga la calma para garantizar el orden público y elogió la «contención» mostrada por la Policía.
«El ambiente creado no beneficia a la seguridad o al empleo en el país, sino que los perjudica», dijo Rahmaní Fazlí.
Rahmaní Fazlí asimismo aseguró que los manifestantes de las protestas «pagarán» por haber violado las leyes y la destrucción de bienes públicos.
Estas son las manifestaciones antigubernamentales más grandes convocadas en Irán desde 2009, cuando el opositor «movimiento verde» organizó varias jornadas de protesta contra la reelección del entonces presidente, Mahmud Ahmadineyad, que fueron duramente reprimidas.
Las protestas comenzaron el jueves en la ciudad de Mashad y han proseguido en los tres últimos días en diversas ciudades del país. incluida la capital, Teherán, en todas la cuales los participantes corearon consignas contra la política económica del gobierno y del presidente Rohaní, y el régimen teocrático del país.
Hoy todas las figuras políticas que hicieron declaraciones, reconocieron que el pueblo está bajo duras presiones económicas, pero respecto a las manifestaciones algunos expresaron su apoyo mientras otros rechazaron totalmente este tipo de manifestaciones.
Mañana el Parlamento iraní celebrará una sesión extraordinaria para estudiar los recientes incidentes.
Asimismo, los jefes de las diversas comisiones del Parlamento se reunirán con Rohaní, en la sede de la presidencia.
Las protestas contra Rohaní, se han incrementado en las ultimas semanas, sobre todo después de que a principios de diciembre presentó los presupuestos para 2018.
En las ultimas semanas han subido los precios de algunos alimentos y el gobierno tenía programado incrementar al menos un 50 por ciento el precio de la gasolina, si bien redujo finalmente la subida a un 20 por ciento.
