El tira y afloje con las circunscripciones especiales para la paz no termina. La polémica, en la que ahora están involucrados los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, parece que por ahora no tendrá fin debido a que la vacancia judicial empieza hoy y se extenderá hasta el 11 de enero, por lo que tribunales y juzgados no podrán atender el problema.
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Después esa fecha el Gobierno deberá retomar la pelea por la validez de las 16 curules que les permitirán a las víctimas del conflicto tener representación en el Congreso.
Mientras eso sucede, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, anunció que solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se respete la separación de poderes del Congreso y del Estado.
Lara también aseguró que se negará a firmar la ley que crea las circunscripciones especiales para la paz debido a la avalancha de recursos judiciales a los que acudió el Gobierno para tumbar la decisión que se tomó en el Senado.
«Ante este asedio por vía de tutela y por vía de acciones de cumplimiento vamos a interponer acciones, solicitando medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Lara en un comunicado de prensa.
Y es que los últimos recursos que interpuso el Gobierno, a través del ministro de Interior, Guillermo Rivera, han tenido respuestas favorables.
Lo último fue una tutela
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El Juzgado 16 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá le ordenó ayer al presidente del Senado, Efraín Cepeda, a publicar el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones en la gaceta del Congreso gracias a una tutela.
El fallo pide “modificar la medida cautelar, proferida el 11 de diciembre, en el sentido de ordenar al secretario general y al presidente del Congreso de la República que, de manera inmediata, se inserte en la gaceta del Congreso el acto legislativo 17 de 2017”.
Esta decisión del Juzgado 16 se conoció horas después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al Senado enviar al presidente Juan Manuel Santos el proyecto de acto para su firma y promulgación, para que finalmente fuera la Corte Constitucional la que tenga la última palabra sobre estas.
Pero ni este fallo por acciones de cumplimiento ni el fallo a favor de la tutela revirtieron la votación del Senado que el pasado 30 de noviembre hundió el proyecto.
Ahora Rodrigo Lara, como si se tratara de un paño de agua tibia, prometió que en marzo será prioridad del Congreso presentar un proyecto de ley “que de verdad asegure la representación de las víctimas y las 16 subregiones que han sido históricamente olvidadas por el Estado”.
