Se trata de 271 consejos comunitarios afrodescendientes (en los que están agrupadas las comunidades) en todo el territorio nacional que desde hace décadas le piden al Gobierno sus títulos de propiedad para no perder los territorios que han ocupado de generación en generación.
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La titulación colectiva permite a las comunidades afros tomar decisiones sobre el territorio al que siempre han pertenecido y les concede, ante los ojos del Estado, el derecho a la propiedad ancestral y tradicional. Así mismo, la ausencia de este título “atenta contra la supervivencia étnica de estas comunidades como pueblos” y “genera la destrucción de los ecosistemas vitales que las comunidades han conservado por siglos”, manifestó el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (OTEC).
Según un análisis del observatorio, hay información sobre el reclamo de los consejos comunitarios desde hace 20 años y en algunos casos llevan más de una década sin ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes. “De los 271 casos revisados, el 29% no cuenta con ningún tipo de información frente al estado de la solicitud y el 39% siguen detenidos por falta de documentos. Sólo el 13% ha tenido auto de aceptación, auto de notificación o visita técnica”, indicó el OTEC.
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La importancia de los títulos
La integrante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), Charo Mina, aseguró que las comunidades afros del país son las que han garantizado durante siglos la sostenibilidad de recursos y ecosistemas naturales. De ahí que la propiedad colectiva sea una oportunidad para garantizar la salvaguarda del medio ambiente.
El acuerdo de paz no ayuda
Pese al enfoque étnico del acuerdo de paz que se firmó con las Farc, las comunidades afros ven como una amenaza el punto de reforma rural, debido a que el Estado ve sus territorios como “baldíos” que, a falta de una titulación colectiva, pueden ser parte de las tierras que se usarán para restituir a las víctimas del conflicto. “Si bien la agenda de paz intenta reformar la estructura del campo en Colombia, esta no se puede dar a merced del despojo de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos”, indicó Astolfo Aramburo, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y CONPA.
Pero la reforma rural no es la única amenaza. De 148 consejos comunitarios, el 25% tienen afectaciones por proyectos agroindustriales, el 23% por hidrocarburos, el 6% por ductos y el 7% por proyectos de infraestructura. De seguir así, las comunidades afros perderán muy pronto lo único que les queda: su tierra.