La Fiscalía anunció que imputará cargos a Soy Sorrel Aroca Rodríguez, actual gobernadora de Putumayo; José Antonio Castro Meléndez, alcalde de Mocoa, y Elver Porfidio Cerón Chincuque, exalcalde del municipio, por omitir medidas de prevención en la población pese a las alertas que les notificaron las entidades estatales.
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Estos funcionarios serían responsables de homicidio culposo, entre otras conductas, por no “actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo” que fueron arrastradas por una gigantesca avalancha que se desató en la madrugada del 1 de abril de 2017.
Lo que explicó la entidad es que, en las últimas décadas se han presentado desastres naturales que han cobrado la vida de miles de colombianos, aunque existía la previsibilidad de sus efectos.
En cada uno de estos casos sus gobernantes debieron asumir la “posición de garante”. Es decir, tomar acciones concretas “para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable”.
En el caso de Mocoa, las acciones no fueron tomadas con anticipación y una avalancha sorprendió a sus habitantes mientras dormían, causándole la muerte a 336 personas y dejando más de 100 desaparecidos.
Por esta razón la Fiscalía consideró que estaba en el deber de confrontar la conducta de las autoridades “con el objeto de que la indolencia, la negligencia y la imprudencia frente a la obligación de prevención, no queden impunes”.
Las alertas del desastre
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Según la entidad, las acciones adelantadas días después de la avalancha permitieron identificar la existencia oportuna de varias alertas y llamados ambientales que anunciaban la tragedia y que, de ser atendidas, habrían prevenido la tragedia.
“Los elementos recopilados hasta el momento evidencian que, pese a las alertas científicas, desde la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Mocoa no fue activado el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres ni un sistema de alertas tempranas. Tampoco se diseñaron estrategias para la prevención y respuesta a emergencias”, dijo la Fiscalía.
Luego, agregaron: “En las inspecciones judiciales se constató adicionalmente que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial cambió el uso del suelo, de zona forestal a área de expansión urbana, y permitió el asentamiento de comunidades muy cerca de la ronda de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, y varios de sus afluentes; con lo cual fueron desestimadas las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional del Sur de la Amazonia (Corpoamazonía). Los ríos mencionados fueron los que se desbordaron y sirvieron de canal para que el alud arrasara con 17 barrios de Mocoa que invadieron las zonas de protección y conservación ecológica”.
De los tres acusados, la audiencia de imputación de cargos contra la gobernadora de Putumayo se realizará hoy en el Tribunal Superior de Bogotá, mientras que las diligencias contra el alcalde y el exalcalde de Mocoa se cumplirán el 6 de diciembre, en Neiva.
