La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, aceptó dos contrademandas presentadas por Colombia a Nicaragua en el litigio que mantienen en el mar Caribe.
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Esta decisión, que en la práctica significa que por primera vez en 16 años de controversia Nicaragua pasa a ser el demandado y Colombia el demandante, fue tomada el miércoles en el caso que lleva ese tribunal desde noviembre de 2013 por supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
«La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia», señaló la Cancillería en un comunicado en el que destacó que al admitirlas la Corte analizará las reclamaciones colombianas.
Los dos países mantienen un litigio por los límites en el mar Caribe pese a que en noviembre del 2012 la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos, un fallo que afecta principalmente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el principal territorio insular colombiano.
Las reclamaciones colombianas se basan en que «Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales» agrega el comunicado.
«Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia», añade el texto.
Según la Cancillería, al aceptar la dos contrademandas de Colombia «la Corte ha reconocido que la población del archipiélago es una protagonista principal y aceptó que sus derechos históricos de pesca deben ser considerados en el marco del proceso».
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Además, considera que pueden existir «irregularidades» en las normas nicaragüenses, lo cual será «examinado con más detalle».
El Gobierno colombiano aseguró que seguirán siendo parte de sus argumentos de defensa los asuntos que ha planteado «en relación con las obligaciones internacionales sobre la protección del medioambiente marino en la región del mar Caribe, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del archipiélago».
En la zona está la Reserva de la Biosfera Seaflower, declarada así por la Unesco en el año 2000 y que, con 250.000 kilómetros cuadrados de mar, supone el 10 % del Caribe, un área de gran biodiversidad marina que el Gobierno colombiano protege.
«El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte», concluye el comunicado.
En septiembre pasado Colombia presentó ante la CIJ la respuesta a la demanda que hace cuatro años instauró Nicaragua para que se le conceda una plataforma continental extendida en el mar Caribe.
