Diez años duró la investigación que hoy mantiene detenido al exsenador David Char por presunta parapapolítica, sin embargo este no es el único caso por el cual la familia Char se ha visto señalada por la justicia y cuyos fallos se han visto dilatados.
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El martes de esta semana quedó aplazada la indagatoria a David Char debido a que la defensa del excongresista pidió un plazo para informarse sobre el proceso que cursa en su contra. Según la investigación, Char habría recibido dinero del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para financiar su campaña al Senado en 2006. Declaraciones rendidas por varios exparamilitares ante la Fiscalía señalan a Char de estar involucrado en el asesinato de Carlos Posada Flórez, alias ‘Capulina’, uno de los hombres de confianza del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’.
El caso Campo Alegre
Antes de convertirse en el alcalde de Barranquilla la firma Alejandro Char & Cía Ingenieros Constructores construyó entre los años 2002 al 2005 dos conjuntos residenciales sobre un terreno de alto riesgo que dejó a 400 familias damnificadas en el sector de Campo Alegre.
Los contradictores del alcalde señalan que el dinero de la indemnización a estas familias que suman un poco más de 5.900 millones de pesos tuvieron que ser solventados por el erario público del Distrito.
La decisión final sobre el caso tuvo que esperar hasta el año pasado cuando el Juez 11 Administrativo del Circuito de Barranquilla, Huberlando Pelaez Núñez, condenó solidariamente al Distrito de Barranquilla, a la urbanizadora y a los constructores, por los perjuicios causados en las viviendas de un sector del barrio Campo Alegre y señaló que estos tres implicados deberían responderles a las familias afectadas.
Además del Distrito de Barranquilla, el fallo cobija a la Urbanizadora Parrish & Cía Ltda y las constructoras ACH Ingenieros Constructores SAS (antes Alejandro Char & Cía Ingenieros Constructores, a cargo del actual alcalde), Construcciones Marval S.A., Cadena Fawcet, Urbe Inversiones, Pidsa S.A., Metrópolis S.A., Finviconstrucciones Ltda y Proyectos Barranquilla.
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De acuerdo con el fallo, deberán pagar a los propietarios afectados de Campo Alegre los perjuicios materiales que se establecerán luego de un incidente de liquidación de perjuicios una vez ejecutoriada la sentencia, con el siguiente porcentaje: constructoras (60%), Parrish & Cia Ltda (25%) y Distrito (15%).
Igualmente los condena solidariamente a pagar a los propietarios de inmuebles afectados el equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de perjuicios inmateriales.
El apoderado de las familias afectadas en la Acción de Grupo, Roberto Tapia Ahumada, señaló que inicialmente la demanda estaba dirigida contra el Distrito de Barranquilla y la Urbanizadora Parrish S.A, la primera por haber entregado los permisos para urbanizar, relotear y vender los terrenos que desde el año 1997 se había dicho, por parte de Ingeominas en un estudio contratado por el mismo Distrito, que esas tierras de Campo Alegre, si bien era posible construir en ellas, se debía desalentar las construcciones por cuanto se requerían estudios profundos que aumentarían los costos de venta de esos lotes para poder ser vendidos. Y la segunda, Parrish S.A., por haberlas urbanizado a sabiendas de lo que Ingeominas había dicho en el estudio señalado.
Las constructoras fueron vinculadas al proceso en el año 2010 y según Tapia Ahumada, “ahí comenzó la dilación, ya que cada vez que el juez profería un auto o decisión, por insignificante o irrelevante de fuera, todos los abogados de los accionados, presentaban recursos ante el Tribunal que hacían demorado el trámite de este proceso. Además de las dilaciones inexplicables por parte de los abogados del Distrito y las constructoras, este proceso se vio dilatado, por los abogados de propietarios de Campo Alegre quienes nunca pudieron entender que solamente podía existir una sola acción de grupo por cuanto las afectaciones a todos los propietarios era la misma”.
Por su parte, el Jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, Jorge Padilla Sundheim, dijo que los deslizamientos en la ladera de Campo Alegre es un tema relevante “que venimos asumiendo como ciudad. Hemos comprado inmuebles, pagado arrendamientos y realizado inversiones cuantiosas para detener los deslizamientos y con el Invías se logró la reconstrucción de la carrera 38 en ese sector de la ladera”.
“Este es un tema desafortunado que haya sucedido y la gente de ese sector ha contado con nuestra solidaridad y seguirá contando con ella de la ciudad y del Alcalde Alejandro Char, que está muy pendiente de todo lo que sucede en la ladera de Campo Alegre”.
En cuanto a la Acción de Grupo precisó que el fallo de primera instancia será apelado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, una vez se produzca la notificación.
“Buscaremos aclarar todos los puntos. Se trata de un fallo en abstracto, es decir, plantea una responsabilidad de los constructores, la urbanizadora y del Distrito de Barranquilla, pero no establece ninguna cuantía. Es una forma posible que tienen los fallos judiciales, que se plantea en abstracto y luego se hace una liquidación cuando el fallo esté debidamente ejecutoriado”, puntualizó.
Alcalde Adhoc para Campo Alegre
El Ministro del Interior del año pasado, Juan Fernando Cristo, designó en 2016 a Gustavo García Figueroa como Alcalde Adhoc de Barranquilla para que conozca de acciones judiciales contra el Distrito y la empresa Alejandro Char y Compañía.
El 4 de febrero de 2016 el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char Chaljub, “se declaró impedido para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de la sentencia T-473 del 15 de mayo de 2008 y la sentencia T-970 del 18 de diciembre de 2009 proferidas por la Honorable Corte Constitucional”.
Esas acciones judiciales tienen que ver con tutelas interpuestas por la abogada y exresidente en el Conjunto residencial Altos del Campo y otros propietarios del Conjunto Residencial Ciudad del Sol 1, “contra la constructora Alejandro Char & CIA., así como de cualquier situación que tenga relación con las circunstancias fácticas y jurídicas que involucren dicha sociedad, en razón a que ostentó la condición de socio; acotando que en la actualidad se viene adelantando el trámite para su cumplimiento, que deberá finiquitar en la vigencia fiscal 2016”.
El 17 de febrero de 2016 bajo radicado número IUS-2016-41117, Mercedes Lucia Navarro Therán, procuradora regional del Atlántico, aceptó el impedimento manifestado por Alejandro Char Chaljub, en su calidad de Alcalde Distrital de Barranquilla para atender el conocimiento de los asuntos relacionados con el cumplimiento de las sentencias T-473 del 15 de mayo de 2008 y T-970 del 18 de diciembre de 2009, proferidas por la Corte Constitucional.
Lo que ha pasado
Tras la renuncia de Gustavo García como alcalde ad hoc de Barranquilla, en marzo de 2017, asumió el cargo Raúl Tomás Quiñones Hernández. El nuevo mandatario informó en abril que algunos de los propietarios de apartamentos del conjunto Altos del Campo, ubicado en la calle 84B No. 41D-115, no se han acercado a radicar la documentación para iniciar el trámite de pago de la totalidad que le corresponde al Distrito a cada propietario.
«Se hace un último llamado con el objetivo de que los restantes dueños alleguen los documentos requeridos, con el fin de que se proceda a realizar los pagos de dichos inmuebles», indicó la administración.
La Alcaldía está a la espera de dar cumplimiento a las órdenes judiciales contenidas en los autos de fecha 27 de abril y 12 de agosto de 2015, proferidos por el juzgado 11 Penal Municipal de Barranquilla, en el marco de la acción de tutela No. 2006 00525; así como en la sentencia T-473 de 2008, y el auto de fecha 6 de julio de 2015 de la Corte constitucional.
«Es de advertir que por diferentes medios de comunicación, tales como prensa escrita, radial, página web de la Alcaldía de Barranquilla, reuniones, llamadas telefónicas, etc., desde el mes de febrero de 2016 se les ha solicitado que entreguen todos los documentos, lo cual ha generado un incumplimiento por parte de los propietarios y no de la Alcaldía Distrital», resaltó Quiñones.
El negocio de los impuestos
El exsenador David Char también ha sido señalado por la Fiscalía, caso citado por La Silla Vacía, de no pagarle al Distrito la suma de 7 mil millones de pesos a través de su empresa recaudadora de impuestos Inversiones Los Ángeles en el año 2000 con la cual habría accedido a recursos públicos de forma irregular y cuya concesión debería durar cinco años por Ley y que el Concejo de la época aprobó por el lapso de 20 años.
El alcalde Guillermo Hoenigsberg en periodo comprendido entre 2004 y 2007, condenado por corrupción, entregó el recaudo de los impuestos a la firma Métodos y Sistemas también por el lapso de 20 años. En 2008 el alcalde Char termina el contrato con esta empresa y el Distrito asumió el cobro de los impuestos distritales.
El caso Triple A
En abril de este año el alcalde Char también fue vinculado al escándalo de la empresa Triple A al supuestamente haber participado en una reunión con ejecutivos de la empresa Canal de Isabel II protagonistas de varios casos de presuntos sobornos en sus entidades en Latinoamérica.
Char, aseguró que nunca se ha reunido con Idelfonso De Miguel, exdirector del Canal de Isabel II, quien fue capturado por las autoridades españolas, al ser señalado de presunta corrupción al interior de la compañía española.
El burgomaestre emitió un comunicado de prensa en el que expresó que “ante la declaración del señor Ildefonso de Miguel, publicada en el medio El Confidencial, en donde se hace referencia a una presunta reunión sostenida en Barranquilla en el año 2008, el alcalde Alejandro Char manifiesta que esas afirmaciones son completamente falsas, que la citada reunión nunca se realizó y que no conoce al señor Ildefonso de Miguel”.
Apoyo a Cambio Radical
Los detractores de la familia Char también resaltan la defensa incondicional del clan al partido Cambio Radical y de asistir políticamente a figuras investigadas por corrupción como los exgobernadores de La Guajira Oneida Pinto y Kiko Gómez.
