La implementación del acuerdo de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc avanza a pesar de las dificultades, dijo hoy el presidente Juan Manuel Santos, quien apeló a la unidad del país para sacar adelante este propósito con un plan gubernamental de seis puntos.
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El mandatario, que hizo un balance del estado de la paz, cuyo acuerdo definitivo se firmó el 24 de noviembre del año pasado, manifestó que si negociar con las FARC en La Habana «fue una tarea larga y difícil», que duró cuatro años, la aplicación de lo acordado lo será aún más.
«Este año (…) hemos iniciado un proceso aún más complejo, más difícil y más largo: La construcción de paz. Pero la paz no se da de un día para otro, la paz se construye y necesita del esfuerzo de todos los colombianos», expresó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño.
Tras reconocer que en el compromiso de sacar el acuerdo del papel «ha habido retrasos, demoras y errores», el presidente presentó un plan de seis puntos «esenciales para que Colombia avance más rápido en la construcción de la paz».
Ese plan busca dar respuestas a las necesidades sociales de las vastas regiones que han sufrido el conflicto armado, lo que incluye la lucha contra los cultivos ilícitos y la eliminación de las minas antipersonales.
La primera tarea será llevar el Estado «a los territorios más afectados por la violencia», principalmente mediante servicios de salud, educación y carreteras ya que la falta de vías de comunicación es uno de los problemas más comunes en las áreas rurales más golpeadas por el conflicto con las FARC ahora convertidas en partido político.
Con ese objetivo fueron definidos 170 municipios en los que se dará prioridad a las obras e inversiones más urgentes y en 51 de ellos ya hay 112 proyectos en marcha con una inversión superior los 22.000 millones de pesos (unos 7,4 millones de dólares), explicó el jefe de Estado.
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La cuestión de la propiedad de la tierra, que estuvo en el origen del conflicto armado, es otro de los aspectos que el Gobierno ya empezó a abordar como «un compromiso, un deber del Estado».
«En dos años 20.481 baldíos han sido adjudicados a familias campesinas pobres, muchas de ellas víctimas del conflicto armado interno. La meta a 2017 son 32.000, y al 2018 es de 55.200 baldíos adjudicados», expresó.
Como tercer punto, Santos citó la Ley de Víctimas mediante la cual se han dado reparaciones administrativas a cerca de 700.000 personas, y el programa de restitución de tierras que ha devuelto a sus legítimos dueños 219.800 hectáreas de tierra de las que fueron despojados por grupos armados ilegales.
Según explicó, más de 31.000 personas han sido beneficiadas con este programa y 800.000 hectáreas adicionales de tierras están en manos de los jueces que fallarán sobre su devolución.
También mencionó entre esos pilares la campaña de desminado humanitario, tarea que definió como «compleja y peligrosa», pues 673 municipios, de los más de 1.100 que tiene el país, tenían esos artefactos en sus campos.
«Pero estamos avanzando a grandes pasos. Ya declaramos libres de minas a 175 municipios», dijo el presidente, quien recordó la meta de eliminarlas todas en 2021.
El quinto punto del plan es quizás el que más polémicas y críticas ha generado, pues se trata del combate a los cultivos ilícitos, materia prima para la producción de narcóticos, que a su vez han alimentado el conflicto armado.
«El fin del conflicto es una oportunidad extraordinaria para superar por fin de manera sostenible y definitiva el problema de los cultivos ilícitos», dijo Santos al citar el programa de sustitución voluntaria que, cuando no es acatado, da paso a la erradicación forzosa.
Hasta ahora, 35.000 familias campesinas han firmado el compromiso para la sustitución voluntaria, con lo cual más de 12.000 hectáreas están en proceso de ser reemplazadas por cultivos legales, entre ellos cacao y café.
En paralelo, la fuerza pública avanza en la erradicación de los grandes cultivos, de los cuales ya han sido eliminadas 41.000 hectáreas, equivalentes al 80 % de la meta fijada.
«En estas últimas semanas hemos visto como las organizaciones criminales han buscado impedir el avance de nuestra estrategia de sustitución y de erradicación. Eso demuestra dos cosas: El plan está funcionando y los campesinos quieren entrar al programa de sustitución», afirmó.
Finalmente, se refirió a la aprobación de las reformas constitucionales necesarias para la paz, para lo cual instó «al Congreso y a todos los partidos a que, independientemente de su posición frente al acuerdo, participen de la discusión y contribuyan a sacar adelante esta agenda de reformas».
