Tumaco se convirtió en la bomba de tiempo que en cualquier momento le iba a explotar al Gobierno para demostrarle que la implementación del acuerdo de paz no va por buen camino.
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Aunque los proyectos de ley avanzan en el Congreso –a paso lento, muy lento, pero avanzan– otra cosa está pasando en los territorios, donde las comunidades que históricamente han sido víctimas del conflicto esperan a que la llamada prosperidad los toque.
Eso pasó en Tumaco, donde miles de cocaleros esperaban la llegada del programa de sustitución de cultivos ilícitos y por eso los tomó por sorpresa que más de 800 miembros de la Fuerza Pública aterrizaran en sus plantaciones para comenzar con la erradicación manual de los cultivos de coca.
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Desafortunadamente este hecho terminó con la muerte de siete campesinos, aparentemente a manos de las instituciones del Estado y no de las disidencias de las Farc, como inicialmente se dijo. Pero más desafortunado es que casos similares se han repetido en otros lugares del país, así como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, donde las comunidades denuncian represiones cuando protestan por la implementación de los acuerdos.
¿Qué exigen? Que se cumpla con la sustitución de cultivos de coca, que se haga realidad la reforma agraria, que los territorios de paz sean una realidad y que, en general, empiecen a desarrollarse todos los programas que se pensaban ejecutar en el posconflicto.
Así avanza la implementación del acuerdo de paz:
En el Congreso:
El fast track no fue tan ‘fast’
Así como lo recordó a PUBLIMETRO Jairo Rivera, miembro del partido Voces de Paz, el fast track duraba solo seis meses, tiempo que se cumplió en junio. En ese período se pensaba cumplir con la implementación legislativa del acuerdo pero, en realidad, solo se pudieron firmar seis normas, e las cuales tres son actos legislativos.
La Jep ahora irá a plenarias
Después de ser aprobada la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el Senado y Cámara de Representantes, ahora la JEP deberá ser debatida en la plenaria de ambas corporaciones antes de que empiece a funcionar de lleno. Pero, mientras arranca, ya Santos le dio vía libre a los 51 magistrados que la conforman para que empiecen con algunas labores.
El aval de la Corte al blindaje
Cuando ya todo parecía perdido, la Corte Constitucional avaló el blindaje jurídico del acuerdo de paz para que este no se pueda modificar durante los próximos 12 años. Es decir, los próximos tres periodos presidenciales tendrán que cumplir lo pactado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
En el territorio:
Sustitución de cultivos
“Lo que está sucediendo en Tumaco y en otras regiones del país es producido por el incumplimiento del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos”, agregó Rivera. El punto de quiebre de ese programa es que para el 2017 el Gobierno solo planeó sustituir (reemplazar por cultivos legales) solo 50.000 hectáreas y otras 50.000 hectáreas serán erradicadas, es decir, eliminadas a la fuerza.
Circunscripciones ¿para quién?
Las 16 circunscripciones para la paz que fueron creadas pensando en los territorios víctimas del conflicto podrían terminar no siendo para las víctimas. ¿Por qué? Mientras en el Congreso intentan excluir las cabeceras municipales de las 16 zonas para que no voten, en los territorios algunos políticos ya empiezan a mover sus fichas para intentar quedarse con una de esas curules.
Ley de Tierras
“No hay un texto propuesto, mucho menos un consenso en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz)”, indicó Rivera, aclarando que el procedimiento para las leyes empieza en esa comisión, donde primero se conciertan las normas y de ahí surge la ley, esto con el fin de que se respete el espíritu de lo pactado.