La Corte Constitucional puso fin a la intriga que existía en el Gobierno sobre el futuro del acuerdo de paz al darle validez al blindaje jurídico que no permite ninguna modificación del texto durante los próximos 12 años.
Es decir que los próximos tres periodos presidenciales tendrán que cumplir lo pactado en La Habana entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
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Con una decisión unánime, los magistrados de la corte aprobaron el acto legislativo número dos de 2017 que incorpora a la Constitución un nuevo artículo transitorio que indica que «las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido» en el acuerdo y lo declararon acorde a la ley.
El presidente Juan Manuel Santos destacó en su cuenta de Twitter que la decisión fue unánime, por lo que la corte «legitima y da estabilidad por tres Gobiernos al acuerdo de paz».
Según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, eso implica que la corte decidió que «no reemplaza ningún pilar constitucional y tiene como propósito brindar estabilidad y seguridad jurídica» al acuerdo.
Para esa oficina, el anuncio «es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad» a adoptar lo firmado en noviembre pasado con las Farc «como un referente de interpretación a la hora de ejecutar las leyes de implementación, y constituye una garantía jurídica para que los desarrollos normativos de la implementación sean fieles al espíritu» del acuerdo.
De este modo, los futuros Gobiernos y las instituciones del Estado tienen la obligación de cumplir y mantener los puntos del acuerdo.
En este sentido, el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, indicó que con esta decisión la corte avala «esa garantía de estabilidad jurídica de los acuerdos», si bien hace «precisiones importantes» acerca de «interpretaciones posibles».
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«El acuerdo no tiene en sí mismo valor normativo si no que requiere inclusión en la Constitución como se ha venido haciendo» en el Congreso, afirmó Guerrero.
Este fallo de la Corte Constitucional ahora podrá en aprietos las campañas de algunos sectores políticos que están en contra del acuerdo de paz, como el Centro Democrático, que ha prometido en repetidas oportunidades modificar lo pactado en La Habana si llegan a la Presidencia.
