Mientras los cabecillas de las Farc negociaban un acuerdo de paz con el Gobierno desde La Habana, miles de hombres agrupados en organizaciones criminales aprovechaban para tomar control de las zonas que eran ocupadas por la guerrilla y, de paso, para apoderarse de los negocios del narcotráfico que tenían.
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Eso, a la fecha, no es un secreto para nadie. Sin embargo, sorprende que el Estado aún no tome medidas de fondo y no apresure la implementación de lo pactado en las regiones.
Una detallada radiografía de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) cuenta la manera como cada grupo se ha asentado en una región específica haciendo que la violación de derechos continúe.
“Esta radiografía nos permite visibilizar las enormes diferencias entre grupos y su presencia en los territorios, así como su fragmentación. De igual forma, nos permite entender que el fenómeno del crimen organizado se concentra cada vez más en lo local y esto es esencial para poder diseñar políticas públicas acertadas”, manifestó María Victoria Llorente, directora de la FIP.
Según este estudio, aunque no se puede descifrar de qué tamaño es el crimen organizado en el país, se sabe que en la actualidad hay tres grupos armados organizados (GAO), que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Puntilleros y el EPL o Los Pelusos. Recibieron la denominación de GAO por tratarse de grupos que tienen una estructura y que generan violencia, pero que no tienen una ideología política.
Ellos, junto a los grupos delincuenciales, disidentes de las Farc y el Eln, son los que están saboteando al proceso de paz y los que están poniendo en duda la era del posconflicto en Colombia.
Las zonas que se han tomado
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El Pacífico es uno de los territorios que continúa padeciendo por las confrontaciones entre estos grupos y con el Ejército. De ahí que los constantes desplazamientos de comunidades afros e indígenas sean pan de cada día.
Es en el Cauca y en la costa de Nariño donde el Eln está tomando el control de las zonas que ocupaban las Farc y de las rutas del narcotráfico. En Chocó, por ejemplo, esta guerrilla confirmó su llegada cuando el frente 57 de las Farc se trasladaron a las zonas veredales.
Hacia el sur del país, específicamente en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta, Guainía y Vaupés, quienes tomaron el control son las disidencias de las Farc. Pero no son los únicos. En el territorio empezaron a tomar fuerza miembros del Bloque Meta y del Clan del Golfo. Y al Putumayo llegó el grupo La Constru para reactivar la venta de droga hacia el exterior.
El Catatumbo, esa subregión ubicada en Norte de Santander, es otra que registra altos índices de violencia y poca seguridad debido a la presencia del Eln y del Epl, quienes continúan con los secuestros y extorsiones.
Mayores medidas
Los golpes militares a las estructuras criminales han sido contundentes en los últimos años. Pero, tal como lo señala la FIP, no es tan efectivo “centrarse en golpear cabecillas que son reemplazados con facilidad”. De ahí la necesidad de que el Gobierno proponga y lleve a cabo medidas de fondo, aunque esto solo sería posible, según la organización, si se aumenta la legitimidad del Estado.
Por lo pronto, las comunidades siguen buscando la manera de hacer visible su situación, como lo hicieron los pobladores del Litoral San Juan, quienes han denunciado una amenaza latente de grupos armados ilegales que actúan en la zona. Lo mismo hicieron las comunidades indígenas Wounaam que habitan en Burujón, Puerto Guadualito, Unión San Juan, Pichimá Quebrada, Pichimá Playa y Docordó, todas ubicadas en Chocó.
Este hecho hizo que el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, le reclamara al Gobierno nacional el estado de abandono y le pidiera a las autoridades garantizar la seguridad en la zona y evitar “que transiten la ilegalidad y los violentos”.
