La Asamblea Nacional Constituyente venezolana, un órgano con un poder casi ilimitado para reformar el Estado y electa hace menos de una semana, se instalará hoy en el Palacio Federal Legislativo pese a la severas afirmaciones de fraude en el proceso.
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Los 545 representantes electos en el controvertido proceso tomarán sus puestos como «constituyentistas» para conformar el pleno que comenzará a redactar la nueva constitución venezolana, y que podrá tomar decisiones por mayoría en cualquier aspecto sin que ningún poder público pueda refutarle.
El primer acto institucional de los ponentes se celebrará en el Salón Elíptico del Capitolio venezolano, un apéndice de la sede legislativa que depende del Ejecutivo pero que comparte la edificación con la Cámara, controlada por opositores.
Para esta jornada el oficialismo ha llamado al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), el diputado Julio Borges, aunque reconoce que el salón es un espacio que pertenece al Poder Ejecutivo, condenó que este siendo usado para instalar el «más grande e ilegal fraude que se ha cometido en la historia contemporánea de Venezuela».
Borges junto a la directiva del Parlamento aseguró que para tomar el Salón Elíptico, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, componente de la Fuerza Armada) «utilizó la fuerza para violentar las puertas y comenzar los preparativos para el acto de la Constituyente este viernes».
Los parlamentarios opositores sin embargo aseguran que continuarán sus labores en el palacio.
El Parlamento venezolano se ha opuesto férreamente a la Constituyente, y ha anunciado que pediría a la Fiscalía una investigación sobre la «manipulación» de los resultados electorales del domingo pasado, y además solicitará a Smartmatic, compañía que dio soporte técnico al proceso, una auditoría de estos datos.
El propio presidente Nicolás Maduro y otros dirigentes del oficialismo han adelantado que la Constituyente trabajará para eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados e intervendrá y tomará el control de la Fiscalía, cuya titular, Luisa Ortega Díaz, ha alertado de los tintes totalitarios de este plan para cambiar el ordenamiento jurídico.
