La sentencia emitida esta semana en Colombia obliga a Claro y ColTel a pagar una indemnización de unos 1.585 millones de dólares al Gobierno.
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En un comunicado a la Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional destacó que dicho laudo arbitral no es favorable a Claro (filial de América Móvil) y ColTel (participada en un 67,5 % por Telefónica y en un 32,5 % por el Gobierno colombiano), y que «está sujeto a un procedimiento de posibles aclaraciones y/o correcciones».
«Telefónica se encuentra analizando las implicaciones de dicho laudo y las vías de impugnación a nivel local e internacional», afirmó.
Un tribunal de arbitraje de Bogotá determinó el pasado martes que ambas empresas de telecomunicaciones deben pagar esa millonaria compensación en concepto de bienes, equipos e infraestructuras que en 1994 instalaron para la prestación del servicio de telefonía móvil y que debían revertir al Estado colombiano transcurrido un plazo temporal.
Durante un encuentro posterior con analistas, el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, dijo que la indemnización podría «obviamente» afectar «potencialmente» al proceso de recapitalización de su filial colombiana.
No obstante, es «demasiado pronto» para decir «cual podría ser el potencial impacto», añadió el ejecutivo, para quien la medida «no favorece las inversiones en el sector de las telecomunicaciones en Colombia«.
En cuanto al proceso de recapitalización de Coltel, afirmó que ha continuado su progreso en los últimos meses.
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El 30 de junio pasado el Congreso colombiano aprobó la ley para autorizar al Gobierno a suscribir la ampliación de capital y que el siguiente paso es la aprobación de un decreto y otras autorizaciones por parte del Ejecutivo.
«Una vez que el decreto se apruebe, puede celebrarse una junta de accionistas para aprobar la ampliación de capital», señaló Vilá.
La filial quedó en patrimonio negativo como consecuencia del incremento del valor de los pasivos por la devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación.
