Frente a las confusiones que se han generado a partir de la política para el control del espacio público que la administración municipal le propuso al Concejo de Cali, el secretario de Seguridad y Justicia, Juan Pablo Paredes, aclaró que dicha política es completamente respetuosa de la ley y por ende va a garantizar los derechos de los vendedores informales, entre ellos el acceso al mínimo vital.
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“Esta no es una política de tierra arrasada, donde vamos a entrar a de manera arbitraria a sacar a la gente de sus lugares. Por el contrario: esta es una política con un alto contenido social que pretende proteger los derechos de las personas, derechos que en muchos casos han sido adquiridos durante años, a través del concepto de legítima confianza, pero sí es claro que es una política que nos exige a la ciudad de Cali organizar la casa”, expresó Paredes.
La aclaración surgió después de que el pasado miércoles se conociera la convocatoria a una manifestación pública en contra dicha política, lo que, según el funcionario, responde a un tema de desinformación. “Les pedimos a todos que no permitan que los manipulen, que no caigan en procesos de desinformación, que no crean en cosas que no son válidas (…) Estoy seguro de que si entendieran bien qué es la política, la marcha sería probablemente para apoyarla”, añadió el funcionario.
Con la política pública de regulación del espacio público se pretende regular los espacios que están siendo ocupados temporalmente por vendedores informales en la zona urbana del municipio y generar proyectos y programas hacia estos grupos poblacionales para no vulnerar sus derechos. Algunas zonas de Cali en las que abundan los vendedores ambulantes son el Parque de las Banderas, parque de El Ingenio, Loma de la Cruz, estatua de Sebastián de Belalcázar, Plaza de Cayzedo y Terminal de Transporte.
Según Paredes, más de un 40% de los caleños vive de la economía informal y por muchos años se ha ido dilatando el proceso de organización de la ciudad en cuanto a su espacio público. Por eso, para este año hay un presupuesto destinado a realizar una caracterización de esta población que trabaja en las calles y reubicarla. “El que esté haciendo usufructo de manera irregular del espacio, rentándolo, generando delincuencia o cometiendo actos ilícitos en él, por supuesto no va a pasar los procesos de caracterización. Pero la idea es que a todos se les garantice la oportunidad justa de tener acceso a su ingreso económico”, dijo.
El pasado 18 de julio se realizó una reunión a la que asistieron concejales y representantes de los gremios de vendedores ambulantes para aclarar dudas y exponer las peticiones relacionadas con el proyecto. La principal consiste en que se cumpla con la reubicación prometida y que les den la oportunidad de seguir obteniendo el sustento para sus familias, pues los llaman ‘temporales’ cuando muchos de ellos vienen trabajando en los mismos sitios desde hace más de 10 años. Otra de las solicitudes es que no se vaya a repetir lo sucedido en el año 2000, cuando funcionarios del Smad levantaron los puestos de ventas de 2850 trabajadores informales del centro de Cali.
“Aquí no va a haber ningún abuso, ninguna autoridad va a perseguir absolutamente a nadie. También es importante aclarar que no vamos a tener intermediarios entre el ciudadano, el vendedor informal y el Gobierno Municipal. La relación va a ser directa y no habrá ningún costo asociado al proceso de caracterización (…) Acá todos cabemos, pero de manera organizada, articulada y justa, donde todos aportemos a la sociedad y quienes hacen uso del espacio público puedan hacerlo de manera formal y legal, aportando a través de impuestos al desarrollo de la ciudad para que tengamos una Cali bonita y que progresa”, puntualizó Paredes.
