Un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional sobre la situación jurídica de 29 militares provocó la reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien desde que conoció cómo funcionaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se opuso a ella, al considerar que igualaba a los miembros de la Fuerza Pública del país con los guerrilleros.
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Esta vez la Corte pidió a Colombia tomar una decisión sobre estos casos, relacionados con 1.228 falsos positivos, para que dicho tribunal internacional no intervenga.
Entre las posibilidades que maneja el Gobierno para juzgar los casos de ejecuciones extrajudiciales está el incluirlos en el sistema de justicia transicional, teniendo en cuenta que los hechos fueron cometidos en consecuencia del conflicto armado.
Sin embargo, este detalle no es de total agrado para Uribe y por eso propuso excluir de la JEP a los civiles y militares para que sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia, con posibilidades de una segunda instancia retroactiva.
La iniciativa del expresidente dice que “ante el anuncio de sacrificar a nuestros militares por la Corte Penal Internacional, donde deberían estar los cabecillas de las Farc”, propone crear una sala temporal en la Corte Suprema “para examinar las acusaciones contra policías y militares por hechos supuestos cometidos” y crear una instancia especial que “permita buscar reivindicar la reputación de policías y soldados que por los hechos que se refieran hubieran sido condenados”.
El argumento principal que plantea Uribe para que se haga efectiva su propuesta es que esta sería la única manera en la que los militares no tendrían que reconocer sus delitos.
“La única posibilidad que el Gobierno les da a los militares es reconocer delitos no cometidos”.
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Beatriz Enciso, docente de la Universidad Santo Tomás y especialista en resolución de conflictos, explicó a Publimetro que la propuesta de Uribe tiene varios inconvenientes jurídicos que solo buscan ocultar la gravedad de este crimen de estado.
“Las penalizaciones de crímenes de Derechos Humanos (como los falsos positivos) deben ser tenidas en cuenta no desde penalizaciones de la justicia ordinaria, sino que deben ser tenidas en cuenta desde las penalizaciones que enmarca el sistema Interamericano y la Corte Penal Internacional”, indico Enciso.
De esta manera, la vía no sería la Corte Suprema sino una justicia especial que garantice que no habrá impunidad y, sobre todo, que las víctimas se sientan reparadas.
Para la especialista, la intención de fondo de la iniciativa del expresidente es alargar la discusión para evitar que los casos lleguen a la Corte Penal Internacional, donde no existen los tintes políticos. “Lo que se está pretendiendo es que se queden en esta instancia jurídica en Colombia para evitar una instancia internacional, que tiene implicaciones penales y diplomáticas mayores” y esto no le conviene a Uribe porque “claramente tiene rabo de paja”, concluyó.
