Las autoridades colombianas capturaron en varios sitios del país a 24 personas, entre ellos tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta (centro), por hacer parte de una organización que favorecía delincuentes, informaron hoy fuentes oficiales.
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La Fiscalía colombiana aseguró que las detenciones se realizan en medio de la campaña «Bolsillos de cristal», una iniciativa que busca erradicar la corrupción, informó la entidad en un comunicado.
Los funcionarios deberán comparecer ante la justicia como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Luego de su detención, la Fiscalía dispuso la imputación de cargos contra Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Meta, detalló la información.
Otros capturados fueron seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y abogados particulares.
Las decisiones corresponden a una investigación «contra una empresa criminal de la que al parecer formaban parte servidores judiciales y abogados litigantes, que delinquía desde el año 2013 en los distritos judiciales de Meta y de Cundinamarca», departamento del que Bogotá es capital.
Los arrestos se produjeron luego del escándalo por la detención en Bogotá del exdirector Nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien deberá responder por los supuestos delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción.
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Moreno fue detenido en cumplimiento de una orden de captura mediante circular roja emitida por Interpol y es requerido con fines de extradición a Estados Unidos.
El exfuncionario enfrentaría cargos en Estados Unidos por exigir gruesas sumas de dinero» del exgobernador del departamento colombiano de Córdoba Alejandro Llyons, a «cambio de actuaciones» del director de la unidad anticorrupción en los casos que el exgobernante regional enfrenta.
