El presidente Juan Manuel Santos está pensando en objetar cuatro proyectos de ley que favorecerían a población vulnerable del país. Estos son:
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Tamizaje neonatal
Una de las leyes que más conflicto ha creado entre las que muy seguramente no se sancionará el presidente Juan Manuel Santos, es la del tamizaje neonatal, un examen médico que se realizaría obligatoriamente a cada recién nacido en la primera semana de vida con el fin de detectar enfermedades de forma prematura.
El proyecto de ley duró más de un año archivado en la Cámara de Representantes y hasta este año se aprobó en las dos cámaras, lo que generó alegría entre el sector de la medicina, pues era considerado como un gran avance en salud, pero el ‘totazo’ llegó cuando Juan Manuel Santos, por medio del Ministerio de Hacienda, aseguró que objetará la ley aprobada porque no hay plata.
El viceministro técnico de Hacienda, Andrés Escobar, aseguró a Caracol Radio que el tamizaje neonatal tendría un costo de más de $300.000 millones de pesos, que la Nación no está dispuesta a pagar, porque no hay dinero: “El costo del tamizaje neonatal sería de $300.000 millones al año. El Ministerio de Hacienda en todos y cada uno de los casos se pronunció a tiempo. En este momento no se puede pagar esa cifra”, afirmó.
La noticia no fue bien recibida por el proponente del proyecto, el senador Antonio Correa, que aseguró que le parecía totalmente injusto que tras tanto trabajo en el Congreso, en donde el proyecto casi no es votado y debatido, ahora es el Gobierno el enemigo natural de la salud de los menores: “Es absurdo objetar una ley cuyo propósito es detectar a tiempo enfermedades que pueden curarse o reducir el impacto en la calidad de la vida de esa persona. Es inhumana e inconstitucional esa posición lamentable del Gobierno Y si hablamos de costos, se ahorra 80.000 millones de pesos anuales si se detectan y tratan enfermedades a tiempo”, afirmó el senador Correa.
Reducción de las semanas de pensión a las mujeres
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Si un hombre empieza a trabajar formalmente a los 18 años, tiene 44 para acumular 1300 semanas cotizadas al régimen de prima media o en el régimen privado de pensiones y así poder acceder a su jubilación. Es inhumana e inconstitucional esa posición lamentable del Gobierno Es inhumana e inconstitucional esa posición lamentable del Gobierno Es inhumana e inconstitucional esa posición lamentable del Gobierno.
Si una mujer inicia su vida laboral en cuanto cumple la mayoría de edad, solo tendría 39 años para acumular las 1300 semanas, que vienen siendo 26 años. Aunqe las cifras cuadran a la perfección y podría decirse que están más que holgadas para cumplir la meta, la verdad es que la experiencia demuestra que la mayoría de colombianos no empiezan su vida laboral a tan temprana edad. Además, no es seguro que el trabajo sea estable, es decir, pueden haber huecos en la hoja de vida, que a la larga significa, más trabajo para conseguir el número de semanas requeridas.
Bajo esta premisa, el senador Mauricio Lizcano creó el proyecto que fue aprobado por el Congreso y que buscaba reducir las semanas a 1150 para mujeres que devengaran menos de dos salarios mínimos, con el fin de que pensionarse fuera más sencillo y garantizaran ingresos en su vejez.
Sin embargo, el Gobierno objetará la ley, pues significaría “un pasivo pensional con impacto fiscal adicional con un valor presente de 66,2 billones de pesos de 2017”, según MinHacienda.
“A MinHacienda le gusta el Congreso que pone impuestos, pero no el que atiende los sectores más desfavorecidos de la población”, aseguró Lizcano.
Reducción de los aportes a salud de pensionados
El martes fue aprobado en el Senado este proyecto de ley que propone bajar del 12 al 4% la cotización de los aportes de salud de todos los pensionados del país y no solo a los que reciben menos de cuatro salarios mínimos, así como aparecía en el texto original de la iniciativa.
Y precisamente fue por este último detalle que el Gobierno, específicamente el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la tildó de populista, teniendo en cuenta que de ser sancionada le costaría al país 3 billones de pesos anuales.
Como argumento, Cárdenas siempre dijo que esta ley, al igual que la que reduce en 150 semanas las cotizaciones de las mujeres, infringe la regla fiscal, que obliga a todos los proponentes a plantear en el proyecto de ley de dónde saldrá la plata necesaria para que se haga realidad la iniciativa.
A pesar de todas las críticas y advertencias hechas por el ministro, los senadores siguieron adelante con el debate y antes de cerrar este primer periodo legislativo decidieron votar a favor de la ley y pasarla a sanción presidencial, hecho que al parecer no sucederá, aunque esa fue una de las promesas electorales del presidente Juan Manuel Santos.
Por el momento es una ley aprobada que espera ser aceptada por Santos, quien se inclina más por objetarla porque no hay recursos suficientes. Pero entre sus argumentos para no sancionarla están declararla inconstitucional, inconveniente para el Estado o simplemente declarar que tiene vicios de trámite.
Como era de esperarse, las declaraciones de Cárdenas no fueron bien recibidas entre los pensionados y entre diferentes sectores políticos, quienes expresaron su malestar.
Mauricio Lizcano, presidente del Senado, manifestó que: “al Ministro de Hacienda le gusta el Congreso que pone impuestos, pero no el que atiende los sectores más desfavorecidos de la población”.
Fertilización en el POS
De las cuatro leyes esta es, tal vez, la discusión más larga entre el Congreso, el Gobierno y la Corte Constitucional, debido a que esta última pidió expresamente al Ministerio de Salud desde el 2014 que estudiara la viabilidad de una política pública que incluyera en el Plan Obligatorio de Salud (POS) un tratamiento de fertilización in vitro.
Para la Corte, era necesario garantizarle a las personas infértiles el derecho a la salud reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad y a conformar una familia.
Pero el precio de este proyecto es aún mayor que las anteriores, teniendo en cuenta que cada tratamiento de fecundación estaría rondando los 100 millones de pesos.
Así lo aseguró el Ministerio de Salud, que después de la petición de la Corte confirmó que se necesitarían hasta 3,8 billones de pesos anuales para que los tratamientos de fertilización y la fecundación in Vitro sean costeados por el Estado.
El ministro Alejandro Gaviria manifestó que en el país hay más de 52 mil parejas infértiles, lo que quiere decir que entre el 8 y el 25% de las parejas en edad fértil tienen problemas para concebir un hijo.
Por ese motivo, esta cartera también se opuso a la sanción de la ley que la incluye en el POS, argumentando que la iniciativa debilitaría aún más al sistema de salud del país.
En un documento enviado por el Ministerio de Salud al Congreso en el último debate, dicen que la ley es inconveniente porque “recoge una serie de aspectos ya regulados en otras disposiciones de rango legal y reglamentario que hacen parte del ordenamiento jurídico, a la vez que generaría un impacto negativo presupuestal, fiscal y financieramente de grandes proporciones en el Sistema General de Salud”.
A pesar de que pidieron que se archivara, el Senado votó a favor y fue pasado a sanción presidencial para que sea Santos quien decida si lo aprueba o no.
