El Gobierno colombiano le solicitó a la Corte Constitucional anular el fallo de ese alto tribunal que le pone límites al «fast track», la vía legislativa rápida para dar trámite a las normas y reformas constitucionales para implementar jurídicamente el acuerdo de paz con las Farc.
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La petición la hizo a través de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado al considerar que se presentaron violaciones al debido proceso por parte de la Corte Constitucional a la hora de tomar esta decisión, informaron medios locales.
En mayo pasado, al estudiar una demanda presentada por el senador del opositor partido Centro Democrático, Iván Duque, la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin vigencia dos puntos del Acto Legislativo para la Paz que impedían que el Congreso modificara los proyectos de ley para implementar los acuerdos.
El literal H del artículo primero establecía que «los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional».
Y el literal J de ese mismo artículo que rezaba que «en la comisión y en las plenarias (de Senado y Cámara) se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional en una sola votación».
La corte declaró inexequibles esos literales al considerar que «sustituyen el principio de separación de poderes», pues se estaba limitando la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso.
Entre los argumentos que presentó el Gobierno está que la decisión se tomó sin las mayorías porque un magistrado que votó «se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento que debía resolverse previamente y por ende no estaba habilitado para fallar».
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Otra violación al debido proceso, según el Gobierno, se dio por ausencia de deliberación suficiente «del proyecto de sentencia, teniendo en cuenta que uno de los magistrados se posesionó tan solo un día antes de fallarse la demanda».
Así las cosas, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Corte que declare integralmente la nulidad del fallo, ya que «trasgrede ostensible, significativa y trascendentalmente el debido proceso».
EFE
