La decisión sería tomada por la entradas en vigencia de la Ley 1760 que según quedó estipulado que la Fiscalía y la Justicia tendrán un plazo máximo de un año para resolver la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad.
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En caso que no suceda, quienes estuvieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciaran sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad al cumplir los 12 meses tras las rejas. Según la revista Semana, para el mes de julio del año pasado cerca de 10.000 sindicados estaban listos para recobrar la libertad, pues ya había pasado un año y aún no se iniciaban los juicios. Ante la inminente excarcelación, el Gobierno convocó de urgencia al Congreso para expedir otra ley que amplió un año más el plazo para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica. Pero, ese nuevo plazo termina al comenzar el próximo mes de julio.
Todo esto significa que dicho Ley podría beneficiar con la libertad tanto a un padre de familia que esta retenido por no cumplir con su cuota alimentaria, así como a un sicario peligroso.
Según Néstor Humberto Martínez dijo a la revista Semana, “En la medida en que la Fiscalía sea más efectiva, más se va a colapsar el sistema penal acusatorio. Hoy hay represadas 112.000 audiencias en todo el país como resultado de que el sistema judicial no tiene alternativas. El número de jueces en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy en 2017, 23 años después. Adicionalmente, el sistema demuestra que en un año ni siquiera se alcanza a instalar el juicio oral”.
