La Fiscalía le imputó cargos a 11 personas que fueron capturadas esta semana como parte de la investigación que adelanta el organismo por la asignación irregular de 174 pensiones con las que habrían defraudado al Estado en 1,74 millones de dólares.
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La imputación de cargos abarca los «delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en concurso homogéneo, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales agravada, falsedad material en documento público y fraude procesal», indicó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
Además, en las próximas horas se definirá la medida de aseguramiento para las 11 personas capturadas.
Todas, precisó el organismo, eran proveedoras de servicios de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y al parecer habrían defraudado al Estado 1,74 millones de dólares.
Hasta el momento han aceptado cargos Johana Marcela Torres Parada y Johana Maria Tavera Ayala.
Entretanto, los otros implicados son Deysi Jazmín Salgado Cortez, Leidy Bibiana Ayala Bonilla, Humberto Fernando Vallejo Jaramillo, Jenny López Barrios, Diana Marcela Rojas Muñoz, Viviana Paola Trejos Fernández, Alejandra Murillo Torres, David Fernando Quiñonez Norato e Iván Leonardo Lyons Molano.
De acuerdo con el ente, la investigación se originó en mayo de 2014 en la Oficina de Control Interno y Disciplinario de Colpensiones.
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Los once implicados conformaron presuntamente una estructura delincuencial dedicada a la modificación y asignación de manera ilícita de pensiones por vejez.
Según la denuncia, estas personas manipulaban los sistemas de información para crear, modificar y falsificar las historias laborales de personas que, siendo o no afiliadas a Colpensiones, no cumplían con los requisitos de ley.
Los imputados «cobraban entre 10 y 100 millones de pesos (3.000 y 34.000 dólares) por realizar los trámites ilegales, dependiendo del monto a reconocer por concepto de la pensión habrían reconocido de manera irregular 174 pensiones, con retroactivo», agregó la Fiscalía.
Colpensiones fue creada mediante la Ley 1157 de 2007 como empresa de orden nacional con patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de Protección Social con recursos públicos.