La Contraloría informó que la Policía deberá explicar «las posibles inconsistencias» en un contrato de 1.190 millones de pesos (unos 407.579 dólares) por el cual la Dirección de Tránsito y Transporte adquirió equipos para la seguridad vial, entre ellos drones que no han podido ser usados.
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La situación se detectó en una auditoría que realiza la Contraloría a la Policía Nacional, explicó ese organismo en un comunicado.
La Contraloría indicó que los equipos de reconocimiento para la seguridad vial, que incluyen drones, «aunque se cancelaron en su totalidad y fueron recibidos a satisfacción, no han podido ser utilizados, por fallas en especificaciones técnicas al momento de ponerse en operación».
A juicio de la Contraloría, «dado que a la fecha no se cuenta con el Sistema de Reconocimiento Remoto, se torna en ineficaz el manejo del recurso público comprometido y, de esta manera, se está afectando el interés general involucrado en esta compra».
Por este motivo consideró que la Policía «deberá dar respuesta a las observaciones presentadas por la Contraloría» respecto «a las posibles inconsistencias derivadas de la supervisión contractual».
También sobre «la suficiencia de los amparos constituidos para respaldar las obligaciones del contratista y las acciones emprendidas para hacer efectivas las garantías aprobadas para la ejecución del contrato».
Los resultados de la auditoría se reflejarán en un informe que ese despacho correspondiente a la vigencia 2016, agregó el comunicado.
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Posteriormente, la Dirección de Tránsito y Transporte explicó en un comunicado que el 13 de agosto de 2015, a través de licitación pública, se le adjudicó a la Unión Temporal MNI un proceso contractual para adquirir dos Centros de Comando y Control Móviles con Sistema de Reconocimiento Remoto para la Seguridad Vial.
Los equipos fueron entregados el 17 de diciembre de ese año y tras las «pruebas de campo necesarias» quedó en evidencia que «parte de los elementos ofrecidos, específicamente dos drones, no cumplían con las características técnicas y de funcionamiento contratadas».
Ello dio lugar a que esa dirección iniciara «el cobro persuasivo a la Unión Temporal», declarara «el incumplimiento del objeto contractual» e hiciera «efectiva la póliza de calidad, por un valor de 595.364.000 de pesos ( unos 203.908 dólares), toda vez que los demás elementos contratados sí cumplieron con los requerimientos».
«La póliza ya se hizo efectiva» y actualmente se llevan a cabo gestiones «para utilizar estos recursos en la adquisición de nuevos drones que cumplan con las características técnicas exigidas», puntualizó esa dirección, y expresó su disposición a responder los requerimientos de la Contraloría y demás entes de control.
