La organización Human Rights Watch (HRW) denunció los graves abusos que sufren en Chocó las comunidades afrocolombianas e indígenas a manos del Eln y los herederos de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el Pacífico.
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En un informe elaborado a través de visitas «in situ» y presentado en Washington, HRW asegura que estos grupos «son responsables de asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años».
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró hoy en rueda de prensa que el Gobierno de Juan Manuel Santos «debe exigir de manera inequívoca» en las negociaciones de paz que está desarrollando con el Eln en Quito (Ecuador) al «cese inmediato de estos abusos contra la población civil, contra las comunidades afrocolombianas e indígenas».
«Es una gran hipocresía por parte de los dirigentes del Eln sostener que están dispuestos a negociar un acuerdo de paz con el Gobierno del presidente Santos y, simultáneamente, cometer hasta el día de hoy, abusos en esa región del país», aseveró Vivanco.
Asimismo, el director para las Américas de HRW reconoció que si, como parte del proceso de esas negociaciones, el Gobierno de Santos logra cesar la violencia y los abusos causados por esa guerrilla, «será un hecho positivo que valoraran las comunidades de la zona» y la propia organización que representa.
«Uno de los importantes resultados del proceso de paz con las Farc ha sido la disminución notable de la violencia y las violaciones al derecho internacional humanitario. (…) Colombia sabe de nuestras objeciones al acuerdo de justicia, pero eso no quiere decir que no estemos dispuestos a reconocer los logros producto de esas negociaciones de paz», agregó.
El informe de HRW insiste en que el Gobierno colombiano tiene «la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes».
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«Mientras se disputan el control del río San Juan, el Eln y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia», añadió Vivanco.
«A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó», sentenció.
Según datos oficiales, en 2016 casi 3.000 personas se desplazaron en el Litoral San Juan, que cuenta con una población de 15.000 personas, lo cual convierte a este municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura.
En los primeros dos meses de 2017, más de 1.300 personas fueron obligadas a desplazarse en Litoral de San Juan, según la Defensoría del Pueblo.
