Hoy se completan 18 días desde que arrancó el paro cívico en Buenaventura que nadie creyó que durara más de tres, según su alcalde.
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Las autoridades y los gremios empresariales, los más interesados en que se levante el cese de actividades, ya reportan perdidas de más de 100.000 millones de pesos, pero a bonaverenses, más que dolerles la pérdidas económicas, que parecieran no afectarlos, porque cuando son ganancias no las disfruta, les duele la perdida de sangre de los más de 300 heridos, 167 de gravedad, a manos de la fuerza pública y 10 por armas de fuego, tal y como lo reveló un miembro de un Comité de Veeduría.
El Esmad se convirtió en un verdugo implacable de la población civil de las comunidades que se agruparon para manifestarse. Desde el 19 de mayo, una hora después de que el Gobierno y los líderes del paro se levantaran de la mesa de negociación, la policía se tomó las calles y el gas lacrimógeno se convirtió en el aire que respiraron niños, jóvenes, madres, abuelos que aseguran que tenían las manos levantadas en són de paz.
Desde ese momento, las redes sociales se han encargado de ser las difusoras de las denuncias sobre los abusos policiales de los cuales no habla el presidente, tan entretenido con el posconflicto, la terminación de la guerra y la implementación de la paz de todo el territorio colombiano.
Aunque en el Gobierno se movilizan para enviar comisiones que logren convencer a los voceros del paro. El ministro de Transporte, el ministro de Ambiente, el ministro del Interior, el secretario de la Presidencia, han desfilado por el puerto, pero sín éxito porque Buenaventura resiste.
El director para Latinoamérica de Humans Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. fue enfático en solicitar al gobierno de Juan Manuel Santos “limitar uso de fuerza del Esmad y tomar medidas serias para paliar situación en Buenaventura”.
Vivanco aseguró que “a la población de Buenaventura le sobran motivos para protestar. Por años ha padecido altísimas tasas de pobreza y desempleo y abusos generalizados de grupos armados”.
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Seguido a esto solicitó al gobierno “asegurar que las fuerzas de seguridad ejerzan la moderación y un uso proporcionado de la fuerza, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”.
Por ahora el encargado de solventar la situación, será Jorge Rojas, MinTransporte que se reunirá hoy con altos cargos del Gobierno para que la situación del paro no siga afectando las finanzas del estado y de los empresarios, mientras Buenaventura seguirá luchando por mantenerse en paro, no sangrar por los abusos y conseguir ser escuchados.
