La Defensoría colombiana pidió que se le garantice «unos mínimos de protección» a las personas que llegan de Venezuela, al advertir sobre limitaciones que enfrentan para el acceso a los servicios básicos e identificación.
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El Gobierno «debe garantizar unos mínimos de protección en el país, en cumplimiento de los compromisos internos e internacionales en materia de derechos humanos y también en reciprocidad por la solidaridad ofrecida por muchos países a los migrantes colombianos y las víctimas que salieron del país a causa del conflicto armado», afirmó el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret.
Funcionarios de la Defensoría visitaron los departamentos de Norte de Santander (noreste), Vichada (este), Arauca (noreste), La Guajira (norte) y Guainía (sureste), que hacen frontera con Venezuela, para conocer la situación en esas zonas, explicó el organismo en un comunicado.
Tras las visitas a las regiones limítrofes, la Defensoría advirtió en un comunicado que los colombianos que retornan «tienen dificultades para la identificación de sus hijos nacidos en Venezuela, debido a la exigencia legal de documentos que en el contexto actual no se pueden obtener» en el vecino país.
«Esta circunstancia limita el disfrute de sus derechos como nacionales colombianos. Y es particularmente grave en el acceso de los niños a la educación y la salud, que en el mejor de los casos acceden al servicio de urgencias», según ese despacho.
La entidad humanitaria advirtió de igual forma que las personas que retornan «requieren acceso prioritario a las medidas de atención y reparación integral debido a que están en una situación de vulnerabilidad manifiesta».
En el caso de las familias compuestas por colombianos y venezolanos, se dificulta el acceso de los miembros extranjeros «a un estatus regular en Colombia, debido a los altos costos del visado», lo que les impide trabajar de forma regular «y los expone a la explotación laboral y a riesgos para mantener la unidad familiar».
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La Defensoría denunció que en los municipios de Saravena y Arauca, en el departamento de Arauca, se evidenciaron barreras para que los niños venezolanos puedan acceder a la educación, así como obstáculos para la salud, el trabajo y el salario digno.
En Puerto Carreño, departamento de Vichada y en zonas cercanas, la Defensoría alertó sobre el cierre del comercio y la disminución de ingresos, así como el contrabando de gasolina, pollo y carne desde el vecino país.
«Una situación crítica está ocurriendo con las comunidades indígenas sikuani, amorua, piaroa y sáliba, que se han asentado en Puerto Carreño, en sitios con situación de riesgo por mendicidad, prostitución y consumo de estupefacientes», según la Defensoría.
Por otra parte, el paso por Paraguachón, un caserío ubicado cerca a la localidad de Maicao, en La Guajira, existen unas 120 trochas ilegales.
El llamado de la Defensoría se conoció después de que el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, advirtió sobre la situación que vive la capital del departamento de Santander, vecino a Norte de Santander, donde está el principal punto fronterizo entre ambos países.
«Se vinieron todos los limosneros de Venezuela para acá y la prostitución y los desocupados, porque esto prácticamente somos lindero de frontera», afirmó el burgomaestre, quien apuntó que a estas personas tienen que recibirlas así como el vecino país aceptó en el pasado a más de cuatro millones de colombianos.
