La Contraloría pidió anular la venta de 322 predios de origen baldío que pertenecen a 33 personas o sociedades, entre los que figura el expresidente Álvaro Uribe, familiares del ministro Aurelio Iragorri, Rubén Lizarralde y compañías de Luis Carlos Sarmiento Angulo.
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Estas tierras, ubicadas en Meta, Caquetá, Vichada, Córdoba y Antioquia, equivalen a 123.482 hectáreas de tierra que, según la entidad, harían parte de la acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales.
El reclamo lo hizo directamente la Contraloría a la Agencia Nacional de Tierras para que adelante acciones judiciales que permitan anular la venta de los predios en las que se logre comprobar irregularidades.
También presentó copias de la investigación a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que estas entidades determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los funcionarios y particulares que son nombrados en cada caso “frente al deber institucional de evitar que predios particulares adjudicados originalmente como baldíos fueran vendidos y consolidados en unidades de UAF (Unidad Agrícola Familiar) superiores a las permitidas por la Ley”, indicó el ente de vigilancia.
La investigación
La contraloría logró detectar estas presuntas irregularidades después de revisar detalladamente los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre los 33 casos.
“Después de un proceso minucioso de análisis de los expedientes por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, se estableció que dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal tal como lo prohíbe expresamente la Ley 610 de 2000”, aclaró la entidad.
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No obstante, la Contraloría consideró que si bien no fue posible establecer un detrimento patrimonial, si es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, “como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar –UAF, establecidos en la Ley 160 de 1994, que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma”.
‘El Ubérrimo’, finca del expresidente Álvaro Uribe ubicada en Córdoba, es uno de los casos que investiga la Contraloría y que cuenta con 11 predios, con una extensión de 103 hectáreas.
Ante el hecho, el ahora senador respondió en su Twitter: “Es muy fácil investigar ‘El Ubérrimo’ porque no tengo testaferros y las escrituras han sido de acuerdo con la ley”.
Agregó, a través de un comunicado, que el contralor Edgardo Maya y grupos políticos lo acusan “de acumulación ilegal de 103 hectáreas que no conforman un predio físico. Están en 9 adquisiciones. Todas fueron baldíos adjudicados por el Estado antes de 1994 a particulares ajenos a mi familia o a mi persona”.
Otros predios pertenecen a la familia del ministro Aurelio Iragorri, ubicado en Vichada con una extensión de 3.816 hectáreas, y a la organización Pajonales de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con una extensión de 22.834 hectáreas, en Meta.
