En marzo les habíamos contado que la Fiscalía había anunciado, en una audiencia pública que entre 2007 y 2010, Samuel Moreno llevó a cabo acuerdos ilegales con su hermano Iván Moreno Rojas y los particulares Álvaro Dávila Peña, Emilio Tapia Aldana y Manuel Sánchez Castro. Estos hechos fueron penalizados como concierto para delinquir agravado.
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Estos acuerdos se realizaron para firmar nombramientos a funcionarios en altos cargos directivos, tales como secretarios de despacho y directores de entidades administrativas distritales. De esta forma, se violó la Ley 80 de 1993, que establece las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales mediante la selección objetiva y transparente de la contratación pública.
El Fiscal delegado en este proceso explicó que Samuel Moreno “desde su candidatura a la alcaldía de Bogotá, estableció acuerdos que se vieron reflejados en aportes de Emilio Tapia, Julio Gómez y Manuel Sánchez a su campaña con el objetivo de que nadie ajeno a sus propósitos interfiriera en la millonaria contratación pública de la capital”.
Las declaraciones de Manuel Sánchez
Por estos hechos, el martes 18 de abril, en el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá, se realizó el segundo juicio contra Samuel Moreno en el que el abogado Manuel Sánchez mostró la forma en que se pactaron estos acuerdos desde la candidatura hasta su elección. Además, explicó cómo en su alcaldía fueron repartidos los cargos para puestos en el IDU, la Secretaría de Salud, la Unidad de Mantenimiento Vial, la Secretaría de Integración Social y la Unidad de Mantenimiento de Servicios Públicos de Bogotá.
El abogado, quien es testigo clave en este caso, declaró que “yo era cercano a la campaña de Samuel Moreno, a su casa, a él. Logramos el objetivo de la Alcaldía y de la elección de varios concejales de la ciudad que nos ayudaron».
Sánchez trabajaba como abogado en la oficina Manuel Sánchez Abogados y Consultores y Asociados Limitada en la que se dedicaba a realizar asesoría contraactual. Su especialidad era asesorar Alcaldías y Gobernaciones en diferentes ciudades del país.
Sánchez era amigo del concejal Orlando Parada Díaz y se conocieron cuando Sánchez era Alcalde de la localidad Antonio Nariño. Posteriormente, juntos fueron ediles en el mismo sector.
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Otro amigo de Sánchez era el empresario y contratista, Julio Gómez, quien fue condenado por el carrusel de la contratación, así como Parada. Posteriormente, Gómez fue contratista de los Nule.
Sánchez, Gómez y Parada se reunieron en el apartamento de Manuel y concertaron que iban a ayudar económicamente la campaña a la Alcaldía de Samuel Moreno dentro de la consulta del Polo Democrático Alternativo (PDA).
Sánchez afirmo que algunos de los concejales que ayudaron a Samuel Moreno fueron Orlando Parada, Andrés Camacho Casado, Hipólito Moreno, Javier Palacios, Ángela Benedetti.
Meses después de la posesión de Samuel Moreno, en enero de 2008, Manuel Sánchez se reunió con Emilio Tapia y le dijo “me he reunido con el Alcalde. Él me ha pedido que a través tuyo y Álvaro Dávila me reúna con Iván Moreno”. Posteriormente, Sánchez viajó a Miami en donde se encontró nuevamente, en un centro comercial, con ellos, quienes lo llevaron a reunirse con Iván Moreno.
Después de un año de la Alcaldía, Orlando Parada le manifestó a Sánchez que había llegado a un acuerdo con Samuel Moreno y el exsecretario general de la Alcaldía de Bogotá, Yuri Chillán para escoger y postular al nuevo director de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Iván Hernández. Además, lo habían apoyado los otros concejales del Partido de la U, Hipólito Moreno y Andrés Camacho.
Los implicados se reunían varias veces para revisar si se habían entregado las comisiones. Sánchez afirmó “yo recibí la comisión y la acepté. Esta venía firmada a favor de Orlando Parada para un contrato de mantenimiento vial ejecutado por la firma Patria. Yo entregué las facturas, pruebas y documentos”.
La firma contratista Empresa de la Patria sirvió para la adjudicación de diferentes contratos. Además, mediante esta compañía entregaron dineros por medio de recibos a los concejales y a los funcionarios estatales como Iván Hernández.
Frente al contrato de la Calle 26, Sánchez afirmó que en varias ocasiones, Miguel Nule le había manifestado que no podía cumplir con este, debido a que necesitaba recursos adicionales. “Yo le decía, no firme. Si ustedes no pueden cumplir con la obra, no la entregue, pida liquidación o terminación anticipada”. Sin embargo, Nule le contó que los hermanos Moreno Rojas lo obligaron a firmarlo para garantizar la finalización del tramo que fue adjudicado en la administración de Luis Eduardo Garzón y se ejecutó en la administración de Samuel Moreno Rojas con la encargada del IDU, Liliana Pardo.
En los juzgados de Paloquemao, Sánchez le pidió a Moreno Rojas que acepte y cuente sobre su responsabilidad en el escándalo. El abogado afirmó que “le pido a mi amigo que acepte las conductas delictivas”.
Actualmente, Moreno se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía. Su pena inicial fue de 18 años, pero el Tribunal Superior de Bogotá la aumentó a 24 por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para la prestación del servicio de ambulancias en Bogotá.
