«No volverá a pasar lo del pasado, cuando exguerrilleros que se alzaron en armas contra nuestra democracia quedaron libres, mientras militares o policías acabaron en la cárcel por defenderla», dijo Santos en una larga alocución.
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La JEP, columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno de Colombia y las FARC, será la encargada de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado bajo las normas del Código Penal Colombiano, del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos (DIDH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho Penal Internacional (DPI).
Asimismo, indicó que los civiles solo estarán obligados a comparecer ante la JEP «si han tenido participación activa o determinante en los crímenes más graves».
El gobernante aclaró que no tendrán que hacerlo «por haber sido víctimas de extorsión de los grupos armados ilegales».
«En otras palabras: no habrá cacería de brujas contra quienes fueron víctimas y no victimarios», subrayó.
Debido a esta situación, Santos consideró que tanto militares como policías y representantes de los empresarios «han manifestado su total tranquilidad frente a la forma en que quedó establecida» la JEP.
El mandatario reiteró que el sistema de justicia transicional permitirá aplicar la justicia «a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto», así como hacer la transición de Colombia hacia la paz.
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«Como ya saben, habrá investigación, juicio y sanciones para quienes cometieron graves crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Es decir, como se ha dicho tantas veces: no habrá impunidad», destacó.
En este sentido aclaró que los reincidentes, «quienes se acojan al sistema pero vuelvan a cometer delitos», perderán todos los beneficios.
«Los miembros de nuestra fuerza pública tendrán beneficios similares pero un tratamiento diferenciado, pues sus actos se presumen legales», puntualizó.
El jefe de Estado también recordó que en los próximos días se completará la entrega de las primeras 1.000 armas de las FARC a la Misión de la ONU en Colombia, un proceso que según comentó debe terminar en junio de este año.
«Luego de más de medio siglo de guerra interna con las FARC, este ejército irregular está abandonando las armas, está abandonando la violencia», dijo satisfecho.
