La disputa entre el Gobierno y Gas Natural Fenosa por la liquidación de Electricaribe, su filial en Colombia, comenzó su batalla legal este miércoles después de que la empresa española solicitara el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral).
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Ellos le están pidiendo al país más de 1.000 millones de dólares por el concepto de indemnización por la expropiación –y no liquidación– de la empresa energética de la Costa Caribe colombiana.
En un principio Gas Natural pensó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial, para que se encargara del caso, pero finalmente presentaron la demanda ante la Uncitral de Naciones Unidas, un órgano jurídico de composición universal dedicado desde hace más de 40 años a la armonización de la legislación mercantil en todo el mundo.
Ante la confirmación de la demanda, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, aseguró que el país está preparado para enfrentar este caso.
“Venimos preparándonos desde hace ocho meses para este proceso, hemos adelantado un trabajo para tener una defensa contundente”, indicó en una rueda de prensa.
La ministra agregó que ya cuentan con el acompañamiento de los abogados de la firma estadounidense Sidley Austin, que ha manejado controversias internacionales y que representará al país en el proceso.
Lacouture explicó que la intervención que adelantó el Gobierno a la empresa Electricaribe no es una expropiación ni una nacionalización, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación de un servicio esencial a los colombianos y dicha empresa estaba presentando continuos fallos en la prestación del servicio.
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El costo del proceso de la defensa de Colombia en este caso dependerá de la duración del mismo.
«El Gobierno está tomando todas las medidas para defender a Colombia de forma contundente», manifestó la ministra.
Por qué piden 1.000 millones de dólares
El Gobierno intervino Electricaribe a mediados de noviembre y, tras cuatro meses de negociaciones infructuosas con la multinacional española, el pasado 14 de marzo anunció la liquidación de la sociedad por los continuos fallos en el servicio y por la falta de inversiones y mantenimiento de las redes.
Sin embargo, para Gas Natural, Electricaribe siempre ha tenido falta de seguridad jurídica debido a una elevada morosidad y al robo de electricidad de sus redes en las zona donde opera.
A principios de noviembre la empresa española dio a conocer que tenía provisionado el 83 % del importe de las facturas que se le debían de Electricaribe, que por entonces ascendían a 1.358 millones de dólares.
En la documentación presentada para solicitar el arbitraje, Gas Natural argumenta «ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años» en Colombia, por eso dice que la toma de posesión de Electricaribe «constituye una expropiación sin indemnización».
El dato:
Electricaribe es la empresa prestadora del servicio de energía en siete departamentos del Caribe colombiano que proporciona electricidad a 2,5 millones de clientes y que pertenece en un 85 % a Gas Natural Fenosa.
La frase:
«Hablé con presidente español Mariano Rajoy. No permitiremos que caso Electricaribe afecte óptimas relaciones diplomáticas y comerciales», dijo Juan Manuel Santos.
