Después del alivio que causó el pasado martes en los siete departamentos de la costa atlántica colombiana la decisión del Gobierno de liquidar Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa, no hay claridad sobre el futuro del servicio de energía en esa zona del país.
PUBLICIDAD
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó liquidar Electricaribe, «debido a que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren», manifestó el titular de esa entidad, José Miguel Mendoza.
En Barranquilla, ciudad del norte de Colombia en donde Electricaribe tiene su sede principal, autoridades locales, el sector productivo, trabajadores de la empresa y ciudadanía en general han expresado sus dudas sobre lo que viene de ahora en adelante para la empresa.
«No queremos que se cometan los mismos errores, necesitamos un operador con experiencia y que esté dispuesto a realizar la inversión de 1,5 billones de pesos (unos 515 millones de dólares) en el mantenimiento de redes y la expansión del Sistema de Transmisión Regional (STR), eso es algo innegociable», expresó el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De la Rosa.
Para el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la liquidación de Electricaribe y búsqueda del nuevo operador debe hacerse «de la manera más pronta posible porque no queremos intervenciones ni liquidaciones interminables. Me hablan de cinco meses y que en menos de un año ya debe estar el nuevo operador».
En los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, en donde Electricaribe tiene 2,5 millones de usuarios, hay 360.000 familias viviendo en sectores subnormales, donde, según la empresa, hay una cartera de difícil recaudo porque existe la «cultura del no pago».
A esto hay que sumar la deuda de 211.000 millones de pesos (unos 72,5 millones de dólares) que a 31 de enero tienen las entidades oficiales como Alcaldías, Gobernaciones, acueductos, hospitales y colegios. A estos últimos, por ser usuarios especiales protegidos por la ley no se les puede suspender el servicio.
PUBLICIDAD
El empresario y experto en temas eléctricos César Lorduy dijo a Efe que hay que recordar que Electricaribe hoy es el producto de la liquidación de una serie de compañías de electrificación que había en la costa atlántica que fueron vendidas.
«Es decir que estamos repitiendo una historia que ojalá sea la última vez que se repita como tragedia, porque a pesar de que el Gobierno era dueño de esas empresas y las vendió para mejorar el servicio, el nuevo dueño no logró su cometido y por eso estamos como estamos», agregó.
El Comité Intergremial del Atlántico, organización que agrupa a entidades comerciales e industriales, expidió un comunicado en el cual expresó que «el proceso de liquidación de Electricaribe debe acompañarse de la prestación de un buen servicio de energía eléctrica, aún en las difíciles condiciones de operación que tiene la empresa».
«Es fundamental que gobernadores, alcaldes y administradores de las entidades oficiales y los usuarios cumplan con el pago de los servicios prestados por la empresa, de manera que pueda solventar sus necesidades de flujo de caja para mantener la operación en las condiciones requeridas por la comunidad», añade el comunicado de los empresarios.
Para los trabajadores, preocupados por su futuro, las decisiones que se tomen con la liquidación y la llegada de un nuevo operador tienen que contemplar la sustitución patronal de los 1.495 empleados directos que tiene la empresa.
«Estamos proponiendo soluciones en lo técnico, lo laboral y lo social, porque los trabajadores no nos podemos quedar en la calle», dijo a Efe Hamilton Barreto, directivo del sindicato del sector energético Sintraelecol.
«Los trabajadores no tenemos responsabilidad en la liquidación de la empresa porque no somos una gran carga laboral. Electricaribe tiene más de 7.000 trabajadores tercerizados que son más costosos que si estuvieran directamente con la empresa», agregó el dirigente sindical.
Por su parte, Norman Alarcón, líder del movimiento «Indignados con Electricaribe», organización que desde hace varios años ha cuestionado a la empresa, expresó a Efe que «ante la dificultad de que aparezca un inversor dispuesto a asumir la pésima infraestructura de redes que dejó Gas Natural Fenosa, el Estado colombiano debe asumir el manejo de Electricaribe».
«Durante 16 años nunca invirtieron en el mejoramiento y lo que hicieron fue desmantelar kilómetros de redes de cobre, las vendió en Europa y nos tendió redes de aluminio de mala calidad», agregó.
Por otro lado, la multinacional energética española prevé presentar a principios de semana una demanda contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo que depende del Banco Mundial (BM).
No obstante, fuentes de Gas Natural consultadas por Efe en Barcelona dijeron que la vía del arbitraje internacional no impide que se pueda llegar a un acuerdo con Colombia al margen de ese proceso.
