Adriana comienza a prepararse para el peor escenario: ser deportada. El plan lo tiene bien armado en la cabeza, pero aún no sabe cómo hablar con sus hijos, que viven aterrados de perderla.
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En la escuela de su hijo, ubicada en un barrio de muchos indocumentados hispanos de Los Ángeles, recibe, además del boletín de calificaciones, un folleto con recomendaciones para una situación de emergencia migratoria.
Donald Trump llegó al poder con la promesa de deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y su gobierno ya dijo que no tendría problema en separar familias.
Y Adriana teme que su propia familia se cuente entre éstas. Ella llegó a Estados Unidos con seis años y aunque es beneficiaria del programa DACA, que da permiso de trabajo a quienes inmigraron de niños, sabe que no está exenta de una expulsión.
“Hemos hablado con unos primos” para que cuiden a sus niños de 9, 10 y 14 años nacidos en Estados Unidos, en caso ella o su esposo, que también tiene un permiso temporal de trabajo, sean deportados.
“Nos falta aún hacer el papel”, dice en alusión a la autorización legal para que sean tutores y los chicos no pasen a resguardo del Estado. “Los niños no saben, no queremos que les dé miedo. Ya mis niñas pequeñas me preguntan ‘¿qué pasa si te vas?’ y yo intento tranquilizarlos y decirles que todo va a estar bien, pero la verdad no es fácil”, expresa.
Los hijos de Adriana van a la Academia Avance, la misma escuela de Fátima Avélica, la adolescente de 13 años que grabó el arresto de su padre una mañana cuando la llevaba en el auto a clases.
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El video se hizo viral y generó protestas en la calle. “Dicen que mi papá es un criminal, pero no es un criminal, trabaja muy duro, vino a Estados Unidos por nosotras, sus hijas, no para hacer cosas malas. Es un buen hombre”, dijo la muchacha a la AFP.
Familia junta
Desde que Trump asumió el poder, el 20 de enero, no ha habido deportaciones masivas, pero hay un temor generalizado entre los indocumentados porque ICE, la agencia migratoria estadounidense, recibió crecientes poderes para detener indocumentados. No importa si se encuentra en una ciudad santuario o si se trata de un DACA.
Quien no tiene papeles está en el radar. Adriana recuerda el caso de Daniel Ramírez Medina, detenido en Seattle a pesar de que tenía el beneficio vigente. Los agentes migratorios, que entraron a su casa a detener a su padre, aseguran que confesó integrar una pandilla, aunque él lo niega y no tiene antecedentes.
La mujer no ha vuelto a México desde que cruzó hace tres décadas, pero tiene contacto con tías y primos para que en caso de emergencia la reciban. Socorro, otra de las madres en Avance, dice que camina con temor, desconfiada.
De sus 38 años, ha pasado 18 en Estados Unidos, donde hasta hace poco trabajó como peluquera y hoy es ama de casa. “En la calle uno no puede estar tranquilo, uno tiene que estar mirando alrededor”, indica esta mujer, que tiene en sus pendientes sacar el pasaporte mexicano a sus hijos para poder llevárselos con ella si es deportada.
“La familia va a estar junta, ya sea allá o aquí si uno intenta cruzar de nuevo, pero será imposible separarnos”, asegura por su parte Giovani, cuyos hijos también estudian en Avance.
“Les costará un poco a los chicos porque están muy acostumbrados a Estados Unidos, pero luego terminan adaptándose”. El gobierno ha dicho que aunque la prioridad es la captura y deportación de inmigrantes en situación irregular y con antecedentes criminales, todos los indocumentados son susceptibles de ser deportados.
Hay mucho de azar. Estar en el lugar y a la hora errada, como en San José (norte de California), donde en un operativo en el que fueron capturados una docena de pandilleros, cayeron 11 indocumentados sin récord criminal.
“Uno no sabe ahora, a cualquiera le puede pasar”, dice Socorro junto a su hija de 14 años, que ya sabe qué hacer si es testigo de alguna detención: “Grabarlo con el celular” como hizo Fátima.
