La Fiscalía, desarrolló investigaciones en donde involucró a la Comercializadora Internacional S & JIL SAS en lavado de activos mientras usaba personas muertas, habitantes de calle, panaderos y taxistas para realizar, por medio de sus nombres, transacciones comerciales que alcanzaron los 1.3 billones de pesos.
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Las que resultaron ser empresas de papel, prometían empleos o les pagaban a las personas para que tramitaran el RUT y luego simular negocios en los que hasta los muertos figuraran como proveedores de oro, provenientes del Urabá antioqueño y hasta de Cartagena, según la Dirección Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos.
«El 85% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro mina”, indicó la Fiscalía.
La comercializadora reportó «operaciones comerciales de manera directa con personas que para la fecha se encontraban fallecidas o que no existían o que sus datos no coincidían con las certificaciones», más de 12600 personas que no tenían relación alguna con la actividad comercial minera.
Un Juez de Control de Garantías de Medellín envió a la cárcel a cuatro, por el delito de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. los otros cinco recibieron casa por cárcel.
