1200 hombres y mujeres cuidarán la seguridad de desmovilizados de las Farc

Juan Manuel Santos firmó una serie de decretos, en uso de sus facultades extraordinarias, en los que amplía la en 1350

Por Natalia Martinez

Luego de una serie de decretos firmados por el presidente Juan Manuel Santos, la Unidad Nacional de Protección podrá contratar a más de 1300 personas para garantizar la seguridad de los desmovilizados de las Farc, y así cumplir uno de los puntos convenidos en el Acuerdo del Teatro Colón.

Los decretos, firmados por el presidente en uso de sus facultades extraordinarias para implementar el Acuerdo de Paz de La Habana, contemplan la creación de sistemas de seguridad y estarán apoyados por la Policía Nacional.

¿Quiénes serán sujetos de protección?

El decreto confirma que quienes serán beneficiados con las medidas de protección serán aquellos que certifiquen el nivel de riesgo en el cual se encuentran:

  • Menores de edad que salgan de los campamentos de las Farc y sus familias.
  • Representantes e integrantes de las Farc que desarrollen actividades a nivel departamental, municipal o nacional, en razón del cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.
  • Integrantes de las Farc que requieran atención médica, o tratamientos especializados que no puedan ser prestados dentro de las  Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN o los Puntos Transitorios de Normalización – PTN, recibirán las medidas de protección correspondientes, para su desplazamiento.
  • Voceros de las Farc en el Congreso. miembros del programa Voces de paz y reconciliación.
  • Integrantes de las Farc, en periodo de desmovilización e incorporación a la vida civil, que decidan hacer parte del movimiento o partido político con el cual pretendan acceder a cargos de elección popular.

Dentro del decreto, también se incluye a los familiares y a los desmovilizados que certifiquen que se encuentran en una situación en la que su vida o integridad física pueda estar comprometida.

“Los esquemas de seguridad y protección tendrán en cuenta el enfoque de género para su conformación, serán de conformación mixta, integrados por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad legal”, señala expresamente otro decreto firmado por el jefe de Estado en el cual se indicaría, que los 1200 escoltas serían parte de las Farc y que no solo serían hombres, sino que también estarían conformados por mujeres.


La cifra

Cada uno de los que conformen los esquemas de seguridad tendrá una asignación salarial mensual de 1'825.843 pesos. es decir, 21'910.116 pesos al año por escolta y en total, por los 1200 hombres y mujeres, la seguridad de las Farc, le costaría a los colombianos, más de 26 mil millones de pesos, sin contar con lo invertido en policía y otros actores que deben garantizar la seguridad de los desmovilizados.


La identificación de las personas que podrán acogerse a las nuevas medidas de seguridad, serán escogidas de manera priva y será la Unidad Nacional de Protección,  la que hará un estudio de seguridad para decidir cuántos miembros conformarán cada esquema de seguridad, dependiendo del nivel de riesgo y cargo de cada beneficiario y su familia.

En los decretos, también se crea la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la cual tendrá carácter permanente y estará integrada por cinco mimebros del Gobierno Nacional y cinco voceros de las Farc. La Mesa tendrá entre sus funciones "desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, (…) diseñar las acciones de protección, tanto de carácter individual como colectivo para las personas objeto del Programa especial de protección, (…) y Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las personas objeto del programa" entre otras, según lo indicó el decreto 299 de 2017.

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