Las denuncias de Jorge Enrique Robledo sobre la inhabilidad de Néstor Humberto Martínez para investigar el caso de corrupción de Odebrecht, que ha salpicado a la política de nuestro país, han puesto sobre la mesa posibilidad de que el fiscal General de la Nación se declare impedido y el nombramiento de un fiscal ad hoc para el caso en particular, pero la pelea se ha extendido y ahora nuevos actores se pronuncian a favor y en contra.
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“El Fiscal Néstor Humberto Martínez tiene una inhabilidad moral y ética para investigar el escándalo Odebrecht. Es evidente que no puede ser fiscal en este caso, está impedido, no puede actuar”, afirmó el legislador, pero ¿cuáles son las pruebas que enlodan la participación de Martínez en la investigación del caso de corrupción más grande de toda América Latina?
Las pruebas:
El pasado 14 de febrero, Robledo aseguró que tenía pruebas que demostrarían que el fiscal tendría intereses particulares en varios de los negocios que desarrolló Odebrecht en Colombia y que por esto estaba impedido para desarrollar la investigación que hoy está en curso.
«La vicepresidencia del Banco Agrario me entregó dos documentos, luego de que radiqué un derecho de petición, uno del 30 de enero y otro del 16 de febrero, en donde se demuestra que la firma Martínez Neira & Abogados le hace la asesoría legal e institucional a la empresa colombiana Navelena», siendo esta última operada por la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana), propiedad del Grupo AVAL, a su vez propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.
“El fiscal asesoró a Sarmiento en la compra del diario El Tiempo y participó en su junta directiva (…) así como en la compra de Megabanco, BAC Credomatic y Promigas, entre otras cosas”, denunció el senador.
Según la denuncia, en abril de 2012, Sarmiento compró El Tiempo con la asesoría legal de Martínez. El 7 de junio de 2012, Martínez fue nombrado miembro principal de la Junta Directiva de la Casa Editorial El Tiempo, lo cual lo hace «amigo» del empresario multimillonario lo cual debería ser un impedimento por las siguientes razones: luego de que Néstor Humberto Martínez abandonara la junta directiva del periódico El Tiempo, el ahora fiscal fue nombrado como ministro de Presidencia, en donde firmó el Conpes 3817 de 2014, en donde surgió el otrosí Ocaña-Gamarra, del cual se vio beneficiada la empresa Episol, propiedad de Sarmiento Angulo.
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«El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, establece las causales por las que un funcionario debe declararse impedido, entre ellas, pertenecer el año anterior a una Junta Directiva de alguna empresa con intereses en el objeto de la decisión», afirma tal denuncia. El artículo al cual hace referencia Robledo señala que “todo servidor público (…) podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (…) Dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de Junta Directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición”, lo cual, para él, es prueba suficiente de que el fiscal debe renunciar a este caso.
El fiscal se defiende
Más allá de las denuncias y la problemáticas que ahora afronta el fiscal, cabe indicar que desde el 14 de febrero no se había pronunciado sobre las indagaciones de Robledo y s equipo, pero pareciera que se le llenó la copa de la paciencia y atacó con todo afirmando, de entrada, que no es él quien realiza las investigaciones, sino que es el vocero de la Fiscalía. Si no es el fiscal quien investiga y quien dirige las indagaciones ¿quién lo hace? Queda la pregunta en el aire.
Por otra parte, aseguró que no asesoraba a Navelena y que»es una mentira más grande que una catedral decir que el fiscal o que una firma en el año 2015, que no prestaba asesorías legales, estuviera vinculada al actual fiscal General (…) Una firma que en su momento se llamó Martínez Neira & Abogados y que dejó de denominarse como tal y es una empresa de familia, realmente es una infamia».
Robledo, por su lado, aseguró que no cree que los documentos que le entregó el Banco Agrario digan mentiras, y que si bien, Martínez Neira & Abogados pudo haber desaparecido como empresa, sí fungió como marca que respaldaba a las empresas de sus hijos.
La recusación
La senadora Claudia López se ha unido a las denuncias de Robledo y entre los dos recusaron al fiscal tras no declararse impedido para investigar el caso Odebrecht, tras la denuncia del senador ante la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
«Es importante mencionarle al país que si un funcionario como el fiscal no se declara impedido para realizar una investigación en la que uno de sus amigos entrañables y clientes está involucrado, nosotros tenemos un recurso que es la recusación» que ya reposa en la oficina del procurador Fernando Carrillo, afirmó la senadora de la Alianza verde.
Por otra parte, la legisladora aseguró que también piden ante la Corte Suprema de Justicia que nombre un fiscal ad hoc que pueda hacerse cargo de las investigaciones.
